VIOLENCIA DE GÉNERO: EXISTE Y SE COMBATE
Uno de los principales retos que tenemos como sociedad es, sin duda alguna, la erradicación de la violencia contra las mujeres. Resulta intolerable, a la par que insufrible, la cifra de la vergüenza, que además no cesa de incrementarse. No es un problema exclusivo de España, desde luego, pero no por ello es menos grave. ¿O es que nos resignamos a las muertes por accidente de tráfico porque ocurran en todos los países? ¿Acaso normalizamos los asesinatos terroristas porque acontezcan en diferentes lugares del orbe? Y, es más, ¿denostamos la legislación que pretende prevenir, evitar o combatir esas muertes y asesinatos porque, a pesar de todo, sigan ocurriendo? Rotundamente no, a nadie se le ocurriría y, si lo verbalizara, se le tacharía de insensato.
España ha estado, y está, a la vanguardia de las políticas de igualdad. Entre ellas, las encaminadas a la lucha contra las violencias machistas. La ley de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género marcó un hito y significó un antes y un después en la percepción social y política de la violencia de género. Dejó de ser un problema del ámbito privado para ser abordado desde las políticas públicas. Tuvo que transcurrir más de una década y años de gobierno del PP en los que la ley no se dotó ni desarrolló, para que el parlamento español aprobara, en septiembre de 2017, el Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género. Y aún nueve largos meses, hasta que se produjo la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa, para que ese pacto se comenzara a implementar. Quince meses después de ese momento, de los cuales sólo diez de Gobierno socialista en plenas funciones, el Pacto de Estado está en marcha. Su desarrollo legislativo se trabajó en el Congreso de los Diputados a principios de este año y estaría plenamente vigente si en marzo no se hubieran disuelto las Cortes por la negativa de las derechas y las fuerzas independentistas a aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que además incluían un incremento de la dotación para los ayuntamientos en este concepto.
La primera ley que se tramitó en el parlamento siendo Pedro Sánchez presidente fue la que reformaba la Ley Orgánica del Poder Judicial para formar a la judicatura y la magistratura en materias específicas de igualdad. Y un Real Decreto-Ley amplió y facilitó, a partir del verano de 2018, la acreditación de la condición de víctima, permitió compatibilizar las ayudas provenientes de diferentes ámbitos de la administración y que los menores ya no precisen el consentimiento paterno, esto es, del maltratador, para recibir la asistencia psicológica que necesitan precisamente por su culpa. La devolución a los ayuntamientos de las competencias en estas materias, que no tenían desde la promulgación de la LRSAL, ha sido otra de las medidas legislativas hecha realidad y desde prácticamente todos los ministerios se han asumido cuestiones que tienen que ver con la asistencia a las víctimas y otros aspectos.
Más allá de legislar, este combate sin cuartel necesita del compromiso de toda la sociedad. En cuanto a las políticas públicas, no es únicamente tarea del Gobierno de España. El propio Pacto de Estado contempla medidas que son competencia de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, así como varias que competen al Poder Judicial y a otras instancias. Los medios de comunicación y la industria del audiovisual no pueden tampoco sustraerse a su cuota de responsabilidad, en tanto en cuanto agentes socializadores y transmisores de valores, a la par que de estereotipos. Y, si algo es innegable, es que sin una buena educación afectivo sexual no conseguiremos erradicar las violencias machistas, tampoco las sexuales.
Existen multitud de medidas en el acuerdo que se suscribió hace algo más de dos años en el Congreso que vinculan a la sociedad en general y a determinados sectores en particular. Y es muy importante, diría que fundamental, que cada uno asuma su cuota de responsabilidad. No es de recibo que un gobierno como el de la Generalitat de Catalunya perciba los fondos transferidos desde el Gobierno central y no dé cumplida cuenta en sede parlamentaria de a qué destina ese dinero, que es finalista. No se puede justificar de ninguna de las maneras que se resista a desplegar por el territorio catalán las Unidades de Valoración Integral Forense - de carácter pluridisciplinar y destinadas a asistir al juez en la decisión sobre medidas de protección de víctimas y menores- cuando es algo que contemplaba la ley de 2004 y que, según mandato del Pacto de Estado, deberían estar ya desplegadas por todo el territorio español. Precisamente en Catalunya están muchos de los partidos judiciales donde menos órdenes de protección se dictan. La desidia del Govern en todos los terrenos alcanza también a éste, por lo que no es de extrañar que apenas destine recursos propios, más allá de la dotación trasferida por el Gobierno, para la lucha contra la violencia de género.
El nivel de implementación, a fecha de hoy, de un Pacto que está previsto que se desarrolle a lo largo de cinco años, es óptimo. Su dotación presupuestaria es la que se acordó y que el Partido Popular intentó escamotear en primera instancia en sus presupuestos. Sólo a través de una enmienda presentada por la oposición se consiguió incorporar. Y sería aún mayor si se hubieran podido aprobar los presupuestos de 2019. Yerran el tiro, pues, quienes señalan con dedo acusador al partido que arrastró a la derecha a ese acuerdo. Todas las administraciones deben comprometerse y cumplir con lo acordado. Dos años después de su aprobación, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha conseguido reafirmar lo que, ya en su día, logró la ley de 2004: colocar en la agenda política y en la conciencia social este problema. Y nadie, por mucho empeño que ponga, conseguirá revertir ese efecto. Ahí está el movimiento feminista para impedirlo. La lucha continúa.
Artículo publicado el 17 de octubre de 2019 en Tribuna Feminista
España ha estado, y está, a la vanguardia de las políticas de igualdad. Entre ellas, las encaminadas a la lucha contra las violencias machistas. La ley de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género marcó un hito y significó un antes y un después en la percepción social y política de la violencia de género. Dejó de ser un problema del ámbito privado para ser abordado desde las políticas públicas. Tuvo que transcurrir más de una década y años de gobierno del PP en los que la ley no se dotó ni desarrolló, para que el parlamento español aprobara, en septiembre de 2017, el Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género. Y aún nueve largos meses, hasta que se produjo la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa, para que ese pacto se comenzara a implementar. Quince meses después de ese momento, de los cuales sólo diez de Gobierno socialista en plenas funciones, el Pacto de Estado está en marcha. Su desarrollo legislativo se trabajó en el Congreso de los Diputados a principios de este año y estaría plenamente vigente si en marzo no se hubieran disuelto las Cortes por la negativa de las derechas y las fuerzas independentistas a aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que además incluían un incremento de la dotación para los ayuntamientos en este concepto.
La primera ley que se tramitó en el parlamento siendo Pedro Sánchez presidente fue la que reformaba la Ley Orgánica del Poder Judicial para formar a la judicatura y la magistratura en materias específicas de igualdad. Y un Real Decreto-Ley amplió y facilitó, a partir del verano de 2018, la acreditación de la condición de víctima, permitió compatibilizar las ayudas provenientes de diferentes ámbitos de la administración y que los menores ya no precisen el consentimiento paterno, esto es, del maltratador, para recibir la asistencia psicológica que necesitan precisamente por su culpa. La devolución a los ayuntamientos de las competencias en estas materias, que no tenían desde la promulgación de la LRSAL, ha sido otra de las medidas legislativas hecha realidad y desde prácticamente todos los ministerios se han asumido cuestiones que tienen que ver con la asistencia a las víctimas y otros aspectos.
Más allá de legislar, este combate sin cuartel necesita del compromiso de toda la sociedad. En cuanto a las políticas públicas, no es únicamente tarea del Gobierno de España. El propio Pacto de Estado contempla medidas que son competencia de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, así como varias que competen al Poder Judicial y a otras instancias. Los medios de comunicación y la industria del audiovisual no pueden tampoco sustraerse a su cuota de responsabilidad, en tanto en cuanto agentes socializadores y transmisores de valores, a la par que de estereotipos. Y, si algo es innegable, es que sin una buena educación afectivo sexual no conseguiremos erradicar las violencias machistas, tampoco las sexuales.
Existen multitud de medidas en el acuerdo que se suscribió hace algo más de dos años en el Congreso que vinculan a la sociedad en general y a determinados sectores en particular. Y es muy importante, diría que fundamental, que cada uno asuma su cuota de responsabilidad. No es de recibo que un gobierno como el de la Generalitat de Catalunya perciba los fondos transferidos desde el Gobierno central y no dé cumplida cuenta en sede parlamentaria de a qué destina ese dinero, que es finalista. No se puede justificar de ninguna de las maneras que se resista a desplegar por el territorio catalán las Unidades de Valoración Integral Forense - de carácter pluridisciplinar y destinadas a asistir al juez en la decisión sobre medidas de protección de víctimas y menores- cuando es algo que contemplaba la ley de 2004 y que, según mandato del Pacto de Estado, deberían estar ya desplegadas por todo el territorio español. Precisamente en Catalunya están muchos de los partidos judiciales donde menos órdenes de protección se dictan. La desidia del Govern en todos los terrenos alcanza también a éste, por lo que no es de extrañar que apenas destine recursos propios, más allá de la dotación trasferida por el Gobierno, para la lucha contra la violencia de género.
El nivel de implementación, a fecha de hoy, de un Pacto que está previsto que se desarrolle a lo largo de cinco años, es óptimo. Su dotación presupuestaria es la que se acordó y que el Partido Popular intentó escamotear en primera instancia en sus presupuestos. Sólo a través de una enmienda presentada por la oposición se consiguió incorporar. Y sería aún mayor si se hubieran podido aprobar los presupuestos de 2019. Yerran el tiro, pues, quienes señalan con dedo acusador al partido que arrastró a la derecha a ese acuerdo. Todas las administraciones deben comprometerse y cumplir con lo acordado. Dos años después de su aprobación, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha conseguido reafirmar lo que, ya en su día, logró la ley de 2004: colocar en la agenda política y en la conciencia social este problema. Y nadie, por mucho empeño que ponga, conseguirá revertir ese efecto. Ahí está el movimiento feminista para impedirlo. La lucha continúa.
Artículo publicado el 17 de octubre de 2019 en Tribuna Feminista
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