NO VALE MIRAR A OTRO LADO
El
Gobierno está desarrollando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género
que el Congreso aprobó en septiembre de 2017. El ejecutivo de Pedro Sánchez le está dando
cumplimiento, sin mirar hacia otro lado e intentando recuperar el tiempo
perdido por un PP que nunca creyó en él, que sólo se vio arrastrado y no tuvo
más remedio que asumirlo.
Este domingo, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Un día en torno al cual se articula la visibilización de la lucha contra las violencias machistas. Afortunadamente, es una cuestión que ha conseguido calar en la agenda política, en la mediática y que está permeando en la sociedad, aunque con distintas graduaciones. Una cuestión de suma gravedad que se está empezando a abordar más allá del 25N.
Sin duda, es el feminismo el que está marcando su agenda y, en ella, éste es un tema prioritario y urgente. Para el anterior Gobierno del PP, en cambio, no lo fue. Sólo accedió a sentarse a negociar el Pacto de Estado cuando perdió la mayoría absoluta. Lo pactó, lo aprobó pero no lo dotó económicamente en los Presupuestos del Estado de este año. De nuevo fue la oposición, encabezada por el PSOE, quien forzó a través de enmiendas el cumplimiento de los compromisos económicos que incluye. Tampoco impulsaron los populares ninguna medida de las más de doscientas que configuran ese acuerdo que es de mínimos, sí, pero que está anclado en el consenso.
El pasado mes de junio, nada más vencer en la moción de censura y conformar un ejecutivo, Pedro Sánchez hizo gala del feminismo intrínseco a su gobierno y pasó a los hechos. La primera ley que el grupo socialista llevó al Congreso fue la que modifica la Orgánica del Poder Judicial y que contempla la formación de los operadores jurídicos para que puedan abordar adecuadamente los casos de violencia contra las mujeres. Para que no se produzcan sentencias como la de la violación de los Sanfermines, conocida como de La Manada. Ahora se trabaja para reformar el Código Penal en lo que afecta a delitos sexuales, de manera que, sin un sí explícito, todo lo demás sea un no rotundo.
En agosto, una nueva iniciativa legislativa recogía algunas medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado. Entre ellas, la devolución de competencias en esta materia a los municipios, que es donde se atiende, en primera instancia y desde la proximidad, a tantas y tantas mujeres que sufren violencia de género. A las medidas recogidas en el decreto del 3 de agosto se sumarán otras hasta completar en los próximos meses, con la mayor celeridad posible y confiemos que con consensos, el desarrollo legal del Pacto. Entre otras cosas, la ley debe proteger más y mejor a los y las menores, garantizar a las mujeres víctimas mayor acompañamiento, asesoramiento, atención y protección y perfeccionar la tipificación de algunos delitos, como los del ámbito digital.
El acuerdo que salió del Congreso lo está cumpliendo el Gobierno y está transfiriendo las partidas a Comunidades Autónomas (120 millones de euros) y Ayuntamientos (20 millones de euros) En los Presupuestos Generales del Estado de 2019 se incrementará además la cantidad destinada a los municipios y alcanzará la cifra de 40 millones de euros, el doble de lo comprometido en el acuerdo. En lo que al Gobierno de España se refiere, se están ejecutando los restantes 80 millones que el Pacto destinaba a sus competencias. Esta misma semana, el ministerio del Interior ha presentado una nueva campaña titulada "No mires a otro lado", en la que el mensaje es que la lucha contra la violencia de género concierne a toda la sociedad y nadie puede inhibirse de su responsabilidad, tampoco a la hora de denunciar situaciones de este tipo. Igualmente, las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno están recibiendo fondos para reforzar las actuaciones de las unidades de violencia sobre las mujeres.
Esto no va de hacer declaraciones. Va de actuar contra la máxima expresión de la desigualdad: la violencia de género. Y el Gobierno de Pedro Sánchez lo está haciendo con la mayor diligencia.
Artículo publicado en La Hora Digital el 23 de noviembre de 2018
Este domingo, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Un día en torno al cual se articula la visibilización de la lucha contra las violencias machistas. Afortunadamente, es una cuestión que ha conseguido calar en la agenda política, en la mediática y que está permeando en la sociedad, aunque con distintas graduaciones. Una cuestión de suma gravedad que se está empezando a abordar más allá del 25N.
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| Foto: La Hora Digital |
Sin duda, es el feminismo el que está marcando su agenda y, en ella, éste es un tema prioritario y urgente. Para el anterior Gobierno del PP, en cambio, no lo fue. Sólo accedió a sentarse a negociar el Pacto de Estado cuando perdió la mayoría absoluta. Lo pactó, lo aprobó pero no lo dotó económicamente en los Presupuestos del Estado de este año. De nuevo fue la oposición, encabezada por el PSOE, quien forzó a través de enmiendas el cumplimiento de los compromisos económicos que incluye. Tampoco impulsaron los populares ninguna medida de las más de doscientas que configuran ese acuerdo que es de mínimos, sí, pero que está anclado en el consenso.
El pasado mes de junio, nada más vencer en la moción de censura y conformar un ejecutivo, Pedro Sánchez hizo gala del feminismo intrínseco a su gobierno y pasó a los hechos. La primera ley que el grupo socialista llevó al Congreso fue la que modifica la Orgánica del Poder Judicial y que contempla la formación de los operadores jurídicos para que puedan abordar adecuadamente los casos de violencia contra las mujeres. Para que no se produzcan sentencias como la de la violación de los Sanfermines, conocida como de La Manada. Ahora se trabaja para reformar el Código Penal en lo que afecta a delitos sexuales, de manera que, sin un sí explícito, todo lo demás sea un no rotundo.
En agosto, una nueva iniciativa legislativa recogía algunas medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado. Entre ellas, la devolución de competencias en esta materia a los municipios, que es donde se atiende, en primera instancia y desde la proximidad, a tantas y tantas mujeres que sufren violencia de género. A las medidas recogidas en el decreto del 3 de agosto se sumarán otras hasta completar en los próximos meses, con la mayor celeridad posible y confiemos que con consensos, el desarrollo legal del Pacto. Entre otras cosas, la ley debe proteger más y mejor a los y las menores, garantizar a las mujeres víctimas mayor acompañamiento, asesoramiento, atención y protección y perfeccionar la tipificación de algunos delitos, como los del ámbito digital.
El acuerdo que salió del Congreso lo está cumpliendo el Gobierno y está transfiriendo las partidas a Comunidades Autónomas (120 millones de euros) y Ayuntamientos (20 millones de euros) En los Presupuestos Generales del Estado de 2019 se incrementará además la cantidad destinada a los municipios y alcanzará la cifra de 40 millones de euros, el doble de lo comprometido en el acuerdo. En lo que al Gobierno de España se refiere, se están ejecutando los restantes 80 millones que el Pacto destinaba a sus competencias. Esta misma semana, el ministerio del Interior ha presentado una nueva campaña titulada "No mires a otro lado", en la que el mensaje es que la lucha contra la violencia de género concierne a toda la sociedad y nadie puede inhibirse de su responsabilidad, tampoco a la hora de denunciar situaciones de este tipo. Igualmente, las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno están recibiendo fondos para reforzar las actuaciones de las unidades de violencia sobre las mujeres.
Esto no va de hacer declaraciones. Va de actuar contra la máxima expresión de la desigualdad: la violencia de género. Y el Gobierno de Pedro Sánchez lo está haciendo con la mayor diligencia.
Artículo publicado en La Hora Digital el 23 de noviembre de 2018
