¿QUÉ VALEN LAS MUJERES?

Ninguneo, palabrería, postureo y pasotismo. El Gobierno aplica esta máxima en la cuasi totalidad de las materias, aunque cuando se trata de abordar un problema tan grave y tan serio como los asesinatos machistas que se suceden año tras año, mes tras mes, semana tras semana, algo nos hace pensar que el estómago de nuestros gobernantes, y por ende el de la sociedad en que vivimos, tiene unas tragaderas demasiado grandes. Lo digo sobre todo porque hace apenas dos meses el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una iniciativa que insta al Gobierno a disponer al menos 200 millones de euros, hubiera o no nuevos presupuestos, para las medidas del Pacto de Estado sobre Violencia de Género que la misma cámara había aprobado en septiembre del pasado año. Ahora, iniciado el nuevo año, toca habilitar esas partidas. Es más, hay muchas medidas entre las aprobadas hace ya más de tres meses que no necesitan de incremento presupuestario, sino únicamente de predisposición y ganas de llevarlas a cabo cuanto antes. Entre ellas, modificaciones legales que deberían entrar en el Congreso tan pronto como empiece, en febrero, el nuevo período de sesiones.
 Algunas de esas medidas pueden ser determinantes para trazar un camino hacia la plena igualdad, hacia la igualdad real entre hombres y mujeres. Un camino que pase por la educación y que facilite la lucha contra la violencia porque en su estela veamos el destierro del machismo de la sociedad. Otras, apuntan hacia la mejora de la seguridad de las víctimas, con mayores garantías para ellas y para sus hijos e hijas, cuando los haya.
 No estamos hablando de un problema residual, ni puntual. En los últimos quince años, más de 900 hombres han asesinado en España a sus parejas o ex parejas. Es una cuestión estructural que, como tal, requiere de ingentes esfuerzos para conseguir que cambie. Si echamos la vista atrás y observamos el gran dolor infligido por la banda terrorista ETA en nuestro país, veremos que la cifra de asesinatos en algo más de 40 años se acerca a la de mujeres asesinadas en sólo tres lustros. Sin ánimo de caer en reduccionismos, una rápida regla de tres nos llevaría a la escalofriante cifra de casi 2500 mujeres asesinadas en cuarenta años. ¿Cómo es posible que lo toleremos y que el Estado no dedique todos los recursos posibles a luchar contra semejante problema? Es más, cabría preguntarse qué valor le damos como sociedad a la vida de una mujer para que no nos echemos en masa a la calle cada vez que una de nosotras es asesinada.
 Desde luego no es sencillo acabar con este problema - tampoco lo fue acabar con ETA- y por supuesto el Pacto de Estado no es la panacea, pero sí es un punto de partida imprescindible no sólo por las medidas que contiene sino porque es un espejo en el que la sociedad española debe poder reflejarse. Por eso, precisamente, es si cabe más indignante la inacción gubernamental. ¿Cómo podemos pedirle a la ciudadanía que avance desde una actitud pasiva hacia una proactiva en contra de la violencia machista si el Gobierno mira hacia otro lado o simplemente hace ver que hace pero sin tomar en verdad las decisiones que pueden cambiar el estatus quo de las víctimas?
 Por eso mismo es igualmente irresponsable la actitud de un partido como Podemos, que se abstuvo en su aprobación, aún a sabiendas - porque estuvo presente y participó del arduo proceso de gestación y negociación de las 214 medidas- que no fue nada sencillo alcanzar un mínimo común denominador, pero que lo pactado, si se realiza en su totalidad, puede significar un avance muy importante.
 Desde luego el esfuerzo que se requiere tiene que ir más allá del ámbito político. Y ahí también debemos señalar culpables. ¿O es que es de recibo el juicio paralelo en casos como el de la violación múltiple de los san Fermines? ¿Es justo acaso que la víctima deba probar que lo fue, hasta el punto de que se admita como prueba el seguimiento a la mujer violada en los días siguientes a serlo, insinuando que no puede ni debe tener vida social? ¿Es normal que en casos como el de la tristemente desaparecida y asesinada Diana Quer los medios de comunicación juzgaran a la víctima hasta el punto de culparla de su propia desaparición y de lo que le hubiera podido ocurrir?
 Tampoco ayuda la insolidaridad de la otra mitad de la sociedad. Salvo honrosas excepciones, los hombres siguen considerando el combate por la igualdad y contra la violencia de género como algo que nos atañe únicamente a nosotras. Craso error. Se trata de una lucha en la que nos tenemos que embarcar todas y todos para que tenga garantía de éxito. Como ejemplo, el de la ajedrecista Anna Muzychuck que se apeó recientemente de un campeonato mundial que se celebraba en Arabia Saudí porque no quiso ser deportista de segunda ni someterse a las discriminatorias costumbres islámicas. Aún estoy esperando que los hombres que competían en ese campeonato hiciesen lo propio, es decir, renunciaran, para evidenciar que en pleno siglo XXI es inaceptable una situación como esta.
 Encontraríamos, sin duda, muchos más ejemplos porque el engranaje de la violencia machista es muy complejo y se compone de múltiples piezas. Su versatilidad es casi infinita porque el machismo es capaz de mutar y adaptarse al ritmo de los tiempos. Pero el daño que produce es siempre el mismo y tiene siempre como objetivo el sometimiento de la mitad de la sociedad que somos las mujeres a la otra mitad. En su combate, el primer impulso está claro que debe partir del Gobierno, desde la responsabilidad máxima que ostenta, y debe irradiar en la sociedad con la máxima capilaridad. ¡Señor Rajoy, ya está tardando!

Artículo publicado el 7 de enero de 2018 en Tribuna Feminista 

LAS MUJERES NO SOMOS MERCANCÍA ELECTORAL

No descubro nada nuevo si digo que hay elecciones en Catalunya. Tampoco si afirmo que, por más que algunos partidos -el socialista básicamente- se esfuercen en poner en la agenda política y de debate electoral cuestiones sociales, el día día de campaña lo marca el sempiterno "procés", la matraca independentista. Aun así, algunas tenemos obsesión (somos raritas, qué le vamos a hacer) por comparar programas y ver qué dicen unos y otros sobre cuestiones tan "baladís" como las relacionadas con políticas de género, con violencias machistas o con la lucha contra todo tipo de discriminaciones a las que, en pleno siglo XXI, nos vemos todavía sometidas las mujeres, aunque las leyes estipulen lo contrario. 

Las sorpresas aparecen en esta ocasión no sólo por las omisiones, aunque los silencios suelen ser elocuentes, sino también y sobre todo por las propuestas. Algunos partidos se han quitado definitivamente la máscara y se han lanzado en brazos del neoliberalismo sexual más alocado. Así, sin protección ni nada. A la brava. Lo cierto es que de algunos ya lo sospechábamos, porque practican el neoliberalismo en todas las facetas propositivas imaginables. Hay uno de cuyo nombre no es que no me acuerde sino que lo ha cambiado tantas veces que ya no me aclaro, pero que concurre esta vez bajo las siglas de Junts per Catalunya. Bien, pues los herederos de la Convergència de Jordi Pujol ahora prometen, dirigiéndose preferentemente al colectivo homosexual, que podrán alquilar vientres con todas las garantías. Yo les diría a los posibles votantes del prófugo Puigdemont que piensen otorgarle su confianza por esa promesa que, cuando menos, no se lleven a engaño. Habrá, en todo caso, vientres de alquiler para los que tengan dinero para pagar a una mujer que en cambio no lo tenga y lo necesite para subsistir o para pagarse la carrera que ellos mismos ya se encargaron de que tuviera unas tasas por las nubes, de las más caras de toda España. Por cierto, los recortes en becas y las subidas de tasas universitarias los hicieron junto con sus socios de ERC en Junts pel Sí y con el apoyo de la CUP. 

Como digo, eso me ha sorprendido bastante poco, porque ya se les suponía. Lo otro que me he encontrado escudriñando programas electorales no es que haya logrado asombrarme, porque ya apuntaban maneras los seguidores de la alcaldesa Colau, pero no deja por eso de romperme mis esquemas de roja feminista. Y sí, lo soy, qué le voy a hacer, soy socialista y feminista porque otra cosa no sé, pero eso sí que lo tenemos los y las socialistas, que solemos ser feministas hasta el punto de que nos inventamos leyes que persiguen igualar las mujeres a los hombres o que quieren conseguir la erradicación de la violencia de género. Lo que verdaderamente me ha sacado de mis casillas ha sido la declaración, negro sobre blanco, en el programa de Catalunya en Comú Podem de que están por “regularizar” la prostitución. Y más aun sabiendo que lo hacen, según afirman, “para garantizar los derechos sociales de las personas que ejercen la prostitución y para que nunca más tengamos que lamentar feminicidios y abusos contra trabajadoras sexuales como la que se produjo hace unos días en el Raval de Barcelona” Así de ancha se quedaba hace unos días en redes sociales una asesora de la formación en contestación a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, y a mí misma, que habíamos afeado a las Comuns que llevasen esa propuesta en su programa. “Lo que verdaderamente me ha sacado de mis casillas ha sido la declaración, negro sobre blanco, en el programa de Catalunya en Comú Podem de que están por “regularizar” la prostitución.” 

Para empezar, decirles que hablar de trabajadoras sexuales ya es en sí mismo una barbaridad. El sexo no es un trabajo, el sexo sólo es libre cuando se ejerce en igualdad de condiciones y sin intercambio económico de por medio. Jamás cuando existe ejercicio del poder patriarcal, ni cuando se parte de la base de que  las mujeres estamos para satisfacer a los hombres. Eso es lo que estamos enseñando a los niños y chicos aun hoy en día. Y peor sería todavía si “regularizamos” como oficio o profesión la prostitución. Para que, como bien señala Ana de Miguel, ya desde pequeños crezcan pensando que esa niña tan mona que comparte aula y patio con ellos quizás esté a su servicio por unos euros cuando crezca un poco más. Esa niña que el día de mañana se formará, buscará trabajo, no lo encontrará de aquella profesión para la que se formó pero en la oficina de colocación le ofrecerán un magnífico puesto de prostituta. Eso ya pasa en países como Alemania donde se ha “regularizado” la prostitución. No sé ustedes, pero yo eso no lo quiero ni para mi hija ni para nadie. 

Por otra parte, ignorar que en más del 90% de los casos detrás de una mujer prostituida hay una red mafiosa de trata de personas con fines de explotación sexual, dicho de otro modo, esclavitud sexual, es cerrar los ojos a la realidad. Por eso desde el socialismo, desde la izquierda real y feminista, somos abolicionistas. Estamos no por regularizar, no por legalizar esas mafias, sino por perseguir a los prostituidores, a los proxenetas, por penalizar el uso de la prostitución, como ha hecho con mucho éxito Suecia, y por ofrecer alternativas sociales y laborales a las mujeres que, por la causa que sea, se dedican a la prostitución. Porque casi ninguna está satisfecha con lo que hace. Algunas, la mayoría, están asqueadas y un gran número quieren salir de ese mundo. Si no, lean este reciente reportaje titulado “Ser puta en Barcelona”, o el último libro de Mabel Lozano en el que explica las escalofriantes “vivencias” de un esclavista, un proxeneta y tratante de mujeres.
 

Y no me vengan con el cuento de que así, legalizando esa esclavitud, van a evitar tragedias como la que ocurrió hace poco en Barcelona, con el asesinato de una mujer que se dedicaba a la prostitución. Precisamente, eso se evita haciendo justo lo contrario. Optando por lo que hizo Suecia, donde no ha habido ni un asesinato de prostitutas a manos de un cliente o de un proxeneta desde que, en 1999, se legisló contra la compra de sexo. En cambio, en Alemania, donde se optó por lo que quiere hacer Catalunya en Comú Podem, en el mismo período se han registrado más de setenta asesinatos en el mismo período.
 

Así que, mujeres de Catalunya, reflexionen por favor el próximo día 21 de diciembre y piensen a quién le ofrecen su voto. Piensen en ustedes mismas, en sus hijas, en sus nietas, en esas jóvenes o no tan jóvenes que ya tienen bastante con padecer el azote de la reforma laboral del PP, que contó además con el apoyo de los convergentes, y que les condena a la más absoluta precariedad laboral. ¿De verdad quieren que, encima, tengan que elegir entre ejercer de prostitutas o verse privadas de la prestación del paro? Yo lo tengo muy claro, yo votaré al candidato del partido que defiende a las mujeres, a Miquel Iceta. Artículo publicado el pasado 16 de diciembre de 2017 en Tribuna Feminista