La mayoría de la ciudadanía de este país y parte de la del resto del mundo está confinada entre cuatro paredes. Nuestro espacio vital se ha reducido, en algunos casos más que en otros porque, también en pandemia, los recursos económicos se traducen generalmente en más o menos metros cuadrados habitables y más o menos confort en nuestros hogares. Muchas personas pasamos ese confinamiento con nuestras familias. Otras, sobre todo la población de más edad, pasan esta reclusión en soledad.
Las tecnologías de la información y las redes sociales que han proliferado gracias a esas tecnologías nos ayudan a sortear el aislamiento. Pero, posibilidades económicas y tecnológicas aparte, hay una segmento de la sociedad que lo está pasando especialmente mal: las mujeres que viven en su día a día el infierno de la violencia de género y a las que ahora les toca convivir más que nunca con sus maltratadores. Incluso en los casos en que se trate de parejas controladoras con las que no conviven, las redes, aplicaciones de mensajería y de videoconferencias pueden convertirse estos días en un medio más de acoso y maltrato psicológico. Las cifras, aún provisionales, del mes de marzo, corroboran los temores de un incremento de casos. El teléfono de atención 016 recibió el mes pasado un 12'43% más de llamadas en los quince primeros días de confinamiento, respecto al mismo período del año anterior y las consultas online se incrementaron en un 269'57%. Entre los días 14 y 29 de marzo, hubo un 18'21% más de llamadas que en los mismos días del mes anterior, y un 286'3% más de consultas online.
El problema sigue existiendo porque el machismo es un virus persistente que se adapta a las nuevas coyunturas. Tras las paredes que nos protegen hay mujeres que están ahora permanentemente vigiladas. Por eso es tan importante que el entorno de las posibles víctimas, familiares y amigos pero también el vecindario, esté muy atento estos días y denuncie por ellas cuando sea necesario.
El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género aprobado por el Congreso de los Diputados en 2017 proponía en sus más de doscientas medidas diversas herramientas, legales, jurídicas pero también sociales. El Gobierno, reforzando algunas de esas medidas, así como lo establecido en la Ley Integral de 2004, y adaptando la atención a las víctimas a las necesidades especiales derivadas de la declaración del estado de alarma, ha aprobado un Real Decreto-Ley de medidas urgentes. Antes, durante los primeros días de confinamiento, impulsó ya un Plan de Contingencia contra la violencia de género ante la crisis del COVID-19 que incluía una guía específica.
Entre las medidas que contemplan estas actuaciones gubernamentales, está la declaración como servicios esenciales de todos aquellos relacionados con la asistencia integral a las mujeres víctimas, así como la garantía de prestación de los servicios de información y asesoramiento jurídico, el teléfono 016 y los de emergencias, si bien por vía telemática, durante las veinticuatro horas del día. Además, se ha puesto en marcha un nuevo servicio de atención psicólógica por mensajería instantánea, con dos líneas de atención. Igualmente, se garantiza la normalidad del servicio telefónico de atención y protección, ATENPRO, y continúan funcionando los servicios de seguimiento por medios telemáticos, en cumplimeinto de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación.
En estos momentos de crisis sanitaria y social, todas las administraciones deben velar, más que nunca si cabe, por el bienestar de la ciudadanía. Aquellas más próximas, como los ayuntamientos o las comunidades autónomas, podrán disponer de los remanentes del Pacto de Estado ya transferidos para asistir a las mujeres que sufren malos tratos. Las administraciones públicas, además, deben adaptar los servicios que prestan a las especiales circunstancias. Es por eso que los servicios de acogida no solo continúan a disposición de las víctimas de violencia de género sino que a los centros de emergencia, acogida y pisos tutelados se añaden - cuando en los recursos ordinarios no haya disponibilidad de plazas- alojamientos turísticos. Y no únicamente para las mujeres víctimas de violencia de género sino también para las que lo son de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual.
El Gobierno no ha dejado nunca solas a las mujeres que sufren violencia machista y no lo va a hacer tampoco ahora. Aunque haya partidos del arco parlamentario, situados a la extrema derecha, que pidan la derogación de las leyes y medidas que la combaten. Ellas, esas mujeres, forman parte del colectivo de personas más vulnerables que sufren de manera especial ante una crisis, sea esta del tipo que sea, y la ocasionada por la pandemia no es una excepción. El combate contra la violencia de género, para erradicarla de nuestra sociedad, es y seguirá siendo una prioridad.
Artículo publicado en El Plural el 2 de abril de 2020
Las tecnologías de la información y las redes sociales que han proliferado gracias a esas tecnologías nos ayudan a sortear el aislamiento. Pero, posibilidades económicas y tecnológicas aparte, hay una segmento de la sociedad que lo está pasando especialmente mal: las mujeres que viven en su día a día el infierno de la violencia de género y a las que ahora les toca convivir más que nunca con sus maltratadores. Incluso en los casos en que se trate de parejas controladoras con las que no conviven, las redes, aplicaciones de mensajería y de videoconferencias pueden convertirse estos días en un medio más de acoso y maltrato psicológico. Las cifras, aún provisionales, del mes de marzo, corroboran los temores de un incremento de casos. El teléfono de atención 016 recibió el mes pasado un 12'43% más de llamadas en los quince primeros días de confinamiento, respecto al mismo período del año anterior y las consultas online se incrementaron en un 269'57%. Entre los días 14 y 29 de marzo, hubo un 18'21% más de llamadas que en los mismos días del mes anterior, y un 286'3% más de consultas online.
El problema sigue existiendo porque el machismo es un virus persistente que se adapta a las nuevas coyunturas. Tras las paredes que nos protegen hay mujeres que están ahora permanentemente vigiladas. Por eso es tan importante que el entorno de las posibles víctimas, familiares y amigos pero también el vecindario, esté muy atento estos días y denuncie por ellas cuando sea necesario.
El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género aprobado por el Congreso de los Diputados en 2017 proponía en sus más de doscientas medidas diversas herramientas, legales, jurídicas pero también sociales. El Gobierno, reforzando algunas de esas medidas, así como lo establecido en la Ley Integral de 2004, y adaptando la atención a las víctimas a las necesidades especiales derivadas de la declaración del estado de alarma, ha aprobado un Real Decreto-Ley de medidas urgentes. Antes, durante los primeros días de confinamiento, impulsó ya un Plan de Contingencia contra la violencia de género ante la crisis del COVID-19 que incluía una guía específica.
Entre las medidas que contemplan estas actuaciones gubernamentales, está la declaración como servicios esenciales de todos aquellos relacionados con la asistencia integral a las mujeres víctimas, así como la garantía de prestación de los servicios de información y asesoramiento jurídico, el teléfono 016 y los de emergencias, si bien por vía telemática, durante las veinticuatro horas del día. Además, se ha puesto en marcha un nuevo servicio de atención psicólógica por mensajería instantánea, con dos líneas de atención. Igualmente, se garantiza la normalidad del servicio telefónico de atención y protección, ATENPRO, y continúan funcionando los servicios de seguimiento por medios telemáticos, en cumplimeinto de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación.
En estos momentos de crisis sanitaria y social, todas las administraciones deben velar, más que nunca si cabe, por el bienestar de la ciudadanía. Aquellas más próximas, como los ayuntamientos o las comunidades autónomas, podrán disponer de los remanentes del Pacto de Estado ya transferidos para asistir a las mujeres que sufren malos tratos. Las administraciones públicas, además, deben adaptar los servicios que prestan a las especiales circunstancias. Es por eso que los servicios de acogida no solo continúan a disposición de las víctimas de violencia de género sino que a los centros de emergencia, acogida y pisos tutelados se añaden - cuando en los recursos ordinarios no haya disponibilidad de plazas- alojamientos turísticos. Y no únicamente para las mujeres víctimas de violencia de género sino también para las que lo son de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual.
El Gobierno no ha dejado nunca solas a las mujeres que sufren violencia machista y no lo va a hacer tampoco ahora. Aunque haya partidos del arco parlamentario, situados a la extrema derecha, que pidan la derogación de las leyes y medidas que la combaten. Ellas, esas mujeres, forman parte del colectivo de personas más vulnerables que sufren de manera especial ante una crisis, sea esta del tipo que sea, y la ocasionada por la pandemia no es una excepción. El combate contra la violencia de género, para erradicarla de nuestra sociedad, es y seguirá siendo una prioridad.
Artículo publicado en El Plural el 2 de abril de 2020
