MACHISMO EN LOS ESCAÑOS

El machismo ultraderechista anda suelto por los escaños del Congreso y el Senado y se muestra irreverente, ajeno a la cortesía parlamentaria que antaño era moneda común en las dos cámaras. Llaman "presidentes" a las presidentas Meritxell Batet y Pilar Llop, en una patética escenificación de desafío rancio de macho bravío.  El “zasca” de la presidenta de la Cámara Alta contestando a un parlamentario de Vox con un rotundo "gracias, señora senadora" aún resuena, días más tarde, en las paredes del Senado. Pero en estos tiempos de impactos en redes, las praxis maleducadas y zafias se contagian a la velocidad del rayo, de manera que en la Cámara Baja fue un diputado de Ciudadanos quien le dio a escoger a Batet entre el tratamiento de "Presidenta o Presidente". 

Insisten esas ínclitas señorías ultraderechistas en el negacionismo de la violencia de género. Y lo hacen sin sonrojarse, pese a que en un mismo día, como lamentablemente ha ocurrido de manera reciente, dos hombres asesinen a sus parejas por el hecho de ser mujeres y por considerarlas carentes de derechos, de libertad, de respeto y de capacidad de decisión, como reza en su exposición de motivos la vigente Ley  de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Si alguien cree que no hay ninguna relación entre el repunte de la violencia machista y los exabruptos misóginos de algunos políticos, debe tener claro que lo único que estos consiguen es alentar a los hombres que son violentos y debilitar a las mujeres que están sufriendo maltrato. Ya es bastante duro para una víctima de violencia de género decidirse a denunciar, superar el miedo, los sentimientos de culpa, la vergüenza y las dudas sobre si las creerán o no como para, encima, escuchar a algunos de los representantes de la ciudadanía cuestionar la propia existencia de la pesadilla que están viviendo. 

El reconocimiento de una violencia específica contra las mujeres, que trasciende el ámbito privado y que se manifiesta como expresión más brutal de la desigualdad existente en la sociedad entre mujeres y hombres, se produjo con la aprobación de la ley integral en 2004. Trece años más tarde, superada la mayoría absoluta del Partido Popular, el Congreso alcanzó un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Esos consensos no pueden ni deben romperse. Está en juego la vida de demasiadas mujeres. 

Estamos ante la expresión política de una nueva cara del machismo, que siempre es suficientemente hábil como para adaptarse a los tiempos, para sobrevivir a los avances, por otra parte irrefrenables, del feminismo. Sus fuentes son la falsedad y la manipulación de datos. Apelan a las denuncias falsas aunque esté reiterada y estadísticamente probado que son sumamente anecdóticas. Pretenden defender al violento presentando a su víctima como verdugo. Y hablan de violencia doméstica con el ánimo de confundir, a sabiendas de que se refiere a un fenómeno sin el componente de género que ya tiene otro marco normativo con el que se castiga a las personas que agreden dentro del ámbito familiar.

Mientras esto ocurre, la sociedad se rebela y se organiza, en movimientos que se hacen globales, contra las agresiones machistas, exigiendo igualdad real para las mujeres, denunciando y señalando a los machistas violentos. El 8 de marzo y el 25 de noviembre, días señalados en el calendario, dan notoriedad al grito de “Basta ya” que suena todo el año, cada vez más alto y decidido. Existen organizaciones de hombres que dan un paso adelante para mostrar su rechazo a los violentos, porque la mayoría no lo son. Solo hace falta que esa mayoría haga evidente su contrariedad, como lo hacen las mujeres.

Movimientos como el "MeToo" han hecho caer como castillos de naipes el prestigio de personalidades públicas cuya verdadera cara ha quedado al descubierto. Así, Plácido Domingo ha terminado pidiendo perdón a las víctimas de sus reiterados acosos sexuales a lo largo y ancho del orbe y del tiempo. Y se ha declarado culpable en un juicio al productor Harvey Weinstein. Mujeres valientes denunciado a sus acosadores, a sus violadores, y otras muchas, y muchos, les han creído. El Ministerio de Cultura ha anunciado la cancelación de recitales del tenor español que reconoció su responsabilidad en las acusaciones de acoso sexual lanzadas contra él, actitud que contrasta con la de personajes públicos y políticos incrédulos hasta hace nada ante las denuncias de las mujeres acosadas.

Tenemos la responsabilidad política y social de responder como es debido a lo que puede y debe ser el último coletazo del machismo resistente. Debemos hacerlo con seriedad, legislando para proteger más y mejor a las víctimas y combatiendo los discursos que las ningunean y que alientan a los maltratadores. Callar no es una opción. 

Artículo publicado el 8 de marzo de 2020 en Crónica Global

ANA ORANTES SOMOS TODAS

Se acaban de cumplir veintidós años del brutal asesinato de Ana Orantes. El 17 de diciembre de 1997, su marido, del que quería divorciarse, le propinó una paliza, la dejó inconsciente, la ató a una silla, la roció con gasolina y la quemó viva en el patio de su casa, en presencia de uno de sus hijos, de 14 años. Atrás quedaban cuarenta años de malos tratos. Ana había dicho basta al decidir divorciarse. Pero hizo más, mucho más. Ana salvó a muchas otras mujeres. Y a muchísimas más las sacó del anonimato. Lo hizo al cometer la valentía de dar la cara en una televisión, en los tiempos en los que las cuotas de pantalla no estaban tan fragmentadas como ahora, así que la vio muchísima gente. Allí, en Canal Sur, contó ante media España lo que había sufrido. Ana dijo: "Estoy enterrada en vida y sólo quiero llorar". Aquello le costó la vida, pero ya nada fue igual. No quiso ser una heroína pero terminó siéndolo porque sacó del ámbito privado, del silencio y del anonimato algo que estaba pasando y que continúa ocurriendo. Fue desde ese momento cuando España entera empezó a darse cuenta de que existía la violencia hacia las mujeres y que era algo de lo que teníamos que tomar todos conciencia y parte. Y fue a raíz de ese cambio - y de las protestas que el brutal y mediático asesinato generó en las calles, lideradas por el movimiento feminista -, cuando empezaron de manera incipiente las políticas públicas para hacer frente a este problema de violencia arraigado en el machismo. 

Lo que venía siendo un suceso en las páginas de los rotativos, pasó a ser algo más, con trascendencia social y política. En 2001 el diario El País empezó a contabilizar asesinatos machistas y dos años después arrancaron las estadísticas oficiales que en este 2019 han sobrepasado ya con holgura el millar de mujeres asesinadas. Dos décadas después de Ana Orantes, la granadina sigue presente en las reivindicaciones feministas y muy especialmente en las que tienen que ver con todo tipo de violencias ejercidas contra las mujeres. Continuamos necesitando "Anas" para avanzar. El Me Too arranca a partir de las denuncias de unas mujeres que señalan a hombres conocidos e importantes como sus agresores. Las manifestaciones contra la proliferación de las violaciones en grupo se desencadenan tras los hechos y la sentencia de Pamplona. Las performances que, bajo el cántico de "Un violador en tu camino" se reproducen a lo largo y ancho del orbe, incluso en países donde escasea la democracia, se han viralizado en un mundo globalizado en el que la imagen y lo simbólico, lo son todo. 

Son, todas estas, formas de expresión del hartazgo de la mitad del mundo frente a la imposición del patriarcado y especialmente por la expresión violenta del machismo. Las mujeres decimos ¡Basta!, igual que hace dos décadas lo dijo Ana Orantes. A la vez, nos cruzamos con defensas públicas y mediáticas de violadores condenados que resultan del todo incomprensibles, como en el caso de "la Arandina". La reacción patriarcal no se hace esperar, el privilegio se resiste a torcer el brazo. Los hay que se envalentonan tanto que amenazan  en público a una árbitra de dieciséis años con violarla y partirle la cara a la salida del recinto. Todo ello, al auspicio de proclamas políticas retrógradas de la ultraderecha representada en las instituciones y sustentadora de gobiernos de derechas. 

La resistencia machista adopta diversas formas, algunas muy sutiles, que resultan más complicadas de detectar y combatir que las más explícitas y bravuconas. Ocurre cuando nos quieren hacer creer que nos pisan la cabeza por nuestro bien. Lo hacen, por ejemplo, cuando quieren sindicar a las mujeres prostituidas porque así "harán valer sus derechos", mientras los que lo defienden continúan aprovechándose de su vulnerabilidad. O cuando nos cuentan que las medias jornadas contribuyen a que llevemos mejor la doble responsabilidad que luego se nos viene encima por la falta de corresponsabilidad, para que podamos tener criaturas y cuidarlas, obviando que esa y otras precariedades laborales hacen mella en nuestros bolsillos en forma de brecha salarial y de pensiones. Tampoco va a colar que sin cuotas para acceder a puestos de dirección demostraremos por méritos propios que merecemos llegar a esas responsabilidades, porque estamos sobradamente preparadas, con mayoría femenina en muchas universidades, y la fotografía masculinizada en casi todos los ámbitos continúa siendo vergonzante. 

De  la misma manera que cuarenta años de golpes no callaron a Ana, ni las resistencias ni las milongas patriarcales nos harán callar. El machismo se transforma y se adapta a las nuevas exigencias sociales y políticas, sin dejar de lado su cara más oscura. Juega a varias bandas y ataca por diversos frentes. Mientras tanto, el espíritu de esa mujer que dio un paso adelante en nombre de todas hace veintidós años, sigue muy presente en la lucha por la igualdad, que cada día suma alianzas. Ana Orantes somos todas.


Artículo publicado en Tribuna Feminista

VIOLENCIA DE GÉNERO: EXISTE Y SE COMBATE

Uno de los principales retos que tenemos como sociedad es, sin duda alguna, la erradicación de la violencia contra las mujeres. Resulta intolerable, a la par que insufrible, la cifra de la vergüenza, que además no cesa de incrementarse. No es un problema exclusivo de España, desde luego, pero no por ello es menos grave. ¿O es que nos resignamos a las muertes por accidente de tráfico porque ocurran en todos los países? ¿Acaso normalizamos los asesinatos terroristas porque acontezcan en diferentes lugares del orbe? Y, es más, ¿denostamos la legislación que pretende prevenir, evitar o combatir esas muertes y asesinatos porque, a pesar de todo, sigan ocurriendo? Rotundamente no, a nadie se le ocurriría y, si lo verbalizara, se le tacharía de insensato.

España ha estado, y está, a la vanguardia de las políticas de igualdad. Entre ellas, las encaminadas a la lucha contra las violencias machistas. La ley de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género marcó un hito y significó un antes y un después en la percepción social y política de la violencia de género. Dejó de ser un problema del ámbito privado para ser abordado desde las políticas públicas. Tuvo que transcurrir más de una década y años de gobierno del PP en los que la ley no se dotó ni desarrolló, para que el parlamento español aprobara, en septiembre de 2017, el Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género. Y aún nueve largos meses, hasta que se produjo la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa, para que ese pacto se comenzara a implementar. Quince meses después de ese momento, de los cuales sólo diez de Gobierno socialista en plenas funciones, el Pacto de Estado está en marcha. Su desarrollo legislativo se trabajó en el Congreso de los Diputados a principios de este año y estaría plenamente vigente si en marzo no se hubieran disuelto las Cortes por la negativa de las derechas y las fuerzas independentistas a aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que además incluían un incremento de la dotación para los ayuntamientos en este concepto. 

La primera ley que se tramitó en el parlamento siendo Pedro Sánchez presidente fue la que reformaba la Ley Orgánica del Poder Judicial para formar a la judicatura y la magistratura en materias específicas de igualdad. Y un Real Decreto-Ley amplió y facilitó, a partir del verano de 2018, la acreditación de la condición de víctima, permitió compatibilizar las ayudas provenientes de diferentes ámbitos de la administración y que los menores ya no precisen el consentimiento paterno, esto es, del maltratador, para recibir la asistencia psicológica que necesitan precisamente por su culpa. La devolución a los ayuntamientos de las competencias en estas materias, que no tenían desde la promulgación de la LRSAL, ha sido otra de las medidas legislativas hecha realidad y desde prácticamente todos los ministerios se han asumido cuestiones que tienen que ver con la asistencia a las víctimas y otros aspectos. 

Más allá de legislar, este combate sin cuartel necesita del compromiso de toda la sociedad. En cuanto a las políticas públicas, no es únicamente tarea del Gobierno de España. El propio Pacto de Estado contempla medidas que son competencia de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, así como varias que competen al Poder Judicial y a otras instancias. Los medios de comunicación y la industria del audiovisual no pueden tampoco sustraerse a su cuota de responsabilidad, en tanto en cuanto agentes socializadores y transmisores de valores, a la par que de estereotipos. Y, si algo es innegable, es que sin una buena educación afectivo sexual no conseguiremos erradicar las violencias machistas, tampoco las sexuales.

Existen multitud de medidas en el acuerdo que se suscribió hace algo más de dos años en el Congreso que vinculan a la sociedad en general y a determinados sectores en particular. Y es muy importante, diría que fundamental, que cada uno asuma su cuota de responsabilidad. No es de recibo que un gobierno como el de la Generalitat de Catalunya perciba los fondos transferidos desde el Gobierno central y no dé cumplida cuenta en sede parlamentaria de a qué destina ese dinero, que es finalista. No se puede justificar de ninguna de las maneras que se resista a desplegar por el territorio catalán las Unidades de Valoración Integral Forense - de carácter pluridisciplinar y destinadas a asistir al juez en la decisión sobre medidas de protección de víctimas y menores- cuando es algo que contemplaba la ley de 2004 y que, según mandato del Pacto de Estado, deberían estar ya desplegadas por todo el territorio español. Precisamente en Catalunya están muchos de los partidos judiciales donde menos órdenes de protección se dictan. La desidia del Govern en todos los terrenos alcanza también a éste, por lo que no es de extrañar que apenas destine recursos propios, más allá de la dotación trasferida por el Gobierno, para la lucha contra la violencia de género. 

El nivel de implementación, a fecha de hoy, de un Pacto que está previsto que se desarrolle a lo largo de cinco años, es óptimo. Su dotación presupuestaria es la que se acordó y que el Partido Popular intentó escamotear en primera instancia en sus presupuestos. Sólo a través de una enmienda presentada por la oposición se consiguió incorporar. Y sería aún mayor si se hubieran podido aprobar los presupuestos de 2019. Yerran el tiro, pues, quienes señalan con dedo acusador al partido que arrastró a la derecha a ese acuerdo. Todas las administraciones deben comprometerse y cumplir con lo acordado. Dos años después de su aprobación, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha conseguido reafirmar lo que, ya en su día, logró la ley de 2004: colocar en la agenda política y en la conciencia social este problema. Y nadie, por mucho empeño que ponga, conseguirá revertir ese efecto. Ahí está el movimiento feminista para impedirlo. La lucha continúa.

Artículo publicado el 17 de octubre de 2019 en Tribuna Feminista

ALERTA VIOLETA: PELIGRO DE INVOLUCIÓN

No acaparó ni portadas ni apenas tiempo en informativos de radio y televisión, pero miles de personas nos manifestamos por las calles de las principales ciudades españolas el pasado viernes atendiendo a la llamada de Emergencia Feminista. Teñimos plazas y edificios de violeta en señal de duelo y de protesta. Lo hicimos porque nos están matando. Y porque las víctimas lo son por ser mujeres. Porque el machismo muestra con insistencia y rabia su cara más criminal. Y porque persisten las expresiones, políticas y sociales, que niegan la evidencia: que se trata de violencia de género.

Las cifras se disparan coincidiendo con la proliferación de voces empoderadas de millones de mujeres contra el patriarcado y su plasmación en lo que se ha dado en llamar cuarta ola del feminismo: Me Too, 8M... Una reacción airada del machismo, apalancada en la cultura patriarcal, que nos trae también de manera cada vez más habitual violaciones en grupo y todo tipo de agresiones sexuales catalogadas erróneamente como abusos. Todo ello amenizado por la orquesta y coro de la derecha política, mediática y social que niega la propia existencia de la violencia de género como tal.

Hace unos días, la fiscal Susana Gisbert alertaba en un acertado artículo sobre el riesgo de involución que todo esto supone. España es y ha sido pionera en legislación por la igualdad y contra la violencia de género. Lo ha sido siempre de la mano de gobiernos socialistas. La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como el Pacto de Estado aprobado por el Congreso de los Diputados en 2017 son fruto del compromiso del PSOE con una lucha que sigue necesitando de una actuación gubernamental y legislativa sin fisuras. Ese combate sin cuartel no puede permitirse ni debilidades ni veleidades. Tampoco espectáculos bochornosos como el que protagonizaron el alcalde Almeida, del PP, y el portavoz municipal de Vox, socios en el gobierno de la capital. Un insulto a las víctimas y a sus familiares ocurrido, para más obscenidad, en la concentración por una de las seis víctimas mortales que hubo la semana pasada, en el propio Madrid.

Pretenden devolver un problema que es social, el de la violencia de género, al ámbito privado, que es al que estaba relegada la violencia machista antes de la ley de 2004. Quieren que se considere estos crímenes como asesinatos comunes, sin más connotación que cualquier otro y así poder asegurar que se trata de enajenados mentales que cometen "crímenes pasionales". Pobrecitos, ellos, les dejan sus mujeres, o no se someten a sus dictados y por eso no tienen más remedio que matarlas. Ni más ni menos, eso es lo que subyace en el discurso de Vox que el resto de las derechas, PP y Ciudadanos, compran sin reparo desde el mismo momento en que pactan con ellos gobiernos municipales y autonómicos y en el instante en que, como ya están haciendo, ceden a sus postulados recortando partidas presupuestarias para igualdad, confundiendo violencia de género con violencia intrafamiliar o facilitando listados con nombres y datos de profesionales dedicados a la lucha contra la violencia de género. Eso se llama complicidad.

Con más de mil víctimas mortales contabilizadas desde 2003, muchas más de las que se cobró el terrorismo etarra en toda su existencia, es evidente que esta lucha no ha terminado. Necesitamos cuanto antes un gobierno fuerte para afianzarla e impedir cualquier retroceso. Tengámoslo muy presente el 10N.

Artículo publicado en La Hora Digital

NO QUEREMOS UN BOLSONARO EN ESPAÑA 

Hace cuatro meses que la ultraderecha venció en Andalucía. No está formalmente en el Gobierno pero manda más que los partidos que sí están, Partido Popular y Ciudadanos. Ahora les plantea, como condición para aprobar los presupuestos, que no incluyan en ellos partidas para combatir la violencia de género y atender a las víctimas. Ni para la memoria histórica. 

En el plano económico, están bajando impuestos a los que más tienen y encarecen servicios públicos. El último anuncio a este respecto, la subida del precio de las guarderías que se mantuvo congelado mientras gobernamos los socialistas.

Eso, ni más ni menos, es lo que ocurriría en toda España si suman las tres derechas, unas formaciones que han alcanzado tal punto de similitud que les hace indiferenciables. Ocurriría eso que ya está pasando en Andalucía y otras cosas similares y tan retrógradas como éstas. 

El mundo está en un proceso de involución avivado por la mentira y el odio. Sus emisores están entre nosotros, bien idenificados. Pero también en otras latitudes y tenemos ejemplos sobrados: los Bolsonaro, Trump, Putin... En Brunei vuelven a lapidar a personas homosexuales y a las adúlteras. En España, la Iglesia se empeña en impartir cursos para "curar" la homosexualidad. Y el PP quiere prohibir el aborto a no ser que sea en los casos tasados en la ley de 1985.

La única manera de frenar esa regresión es consolidar un Gobierno que en los últimos diez meses ha hecho más por las personas, que ha hecho más por España y sus gentes, que todos los que se arrogan la exclusividad de su defensa. Las banderas no pagan facturas, pero sí las pagan las subidas del SMI y de las pensiones. Y la subida de la prestación por hijo a cargo o la recuperación del subsidio para parados de 52 años.

Tenemos que escoger entre quien garantiza crecimiento y redistribuición en un país moderno y con futuro o bien un modelo que genera estancamiento, desigualdad y promete devolvernos a los tiempos del blanco y negro televisivo. El 28 de abril, en las urnas estará la respuesta.

Artículo publicado en La Hora Digital el 5 de abril de 2019

TENEMOS QUE PARAR EL VIENTO EN CONTRA

Soplan vientos de retroceso que quieren acabar con los avances en igualdad que las mujeres hemos conseguido. El empeño del movimiento feminista, secundado por la acción de Gobierno en estos últimos nueves meses, ha hecho saltar los resortes del patriarcado. Demasiada lucha como para dejarse ganar el pulso. El 8M tenemos que salir a la calle a gritar bien alto que es el tiempo de las mujeres. Y que, de aquí, no nos mueve nadie.

Al patriarcado le han saltado todas las alarmas. Se nota en las andanadas antifeministas de la derecha seguidista de la ultraderecha, y en el nerviosismo de la Iglesia. Ven que avanzamos en nuestra lucha y nos quieren parar antes de que acabemos nosotras con el constructo patriarcal de la sociedad. Siguiendo el dicho de que la mejor defensa es un buen ataque, el neoliberalismo quiere usarnos para su avance imparable. La afrenta pretende obtener dos réditos. De un lado, contener los avances en igualdad para asentar los privilegios de la mitad de la población a costa de la otra mitad. Y, a la vez, hacer negocio con ese sometimiento.

En realidad, el quid de la cuestión está en el segundo elemento. Quieren usar nuestros cuerpos para hacer negocio y para no perder un estatus adquirido a lo largo de siglos a costa de nuestro sacrificio y sometimiento. A eso, ni más ni menos, responden los intentos de regularizar la prostitución con la excusa de la libertad individual para elegir prostituirse, en contra de la oleada abolicionista que denuncia la explotación sexual de las mujeres. En la misma línea y usando el mismo falso mito, la insistencia por legalizar los vientres de alquiler. Detrás de la prostitución y de la llamada gestación subrogada hay un sustancioso negocio que se puede ir al traste si vencen los postulados que defendemos las feministas. 

En uno y otro caso observamos cómo el neoliberalismo va de la mano de determinados partidos políticos que dan cobijo y hacen bandera de los anhelos de una parte minoritaria de la sociedad para hacerlos pasar por derechos. En uno y otro tema, el dinero es el que mueve esos intereses. Lo curioso es que formaciones recién llegadas y que se presentaban como renovadoras y adalides de la higiene política sean las que luchan por conseguir y en otros casos consolidar formas de explotación de la mujer tan cercanas a la esclavitud. ¿Hay algo más retrógrado, acaso? Más curioso aún que defiendan esos postulados algunas de las formaciones que se reclaman de izquierdas, como ocurre con la apología denodada que del proxenetismo hace la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Tanto es así, que en aquella ciudad de nuevo, y van ya algunas ocasiones, ha provocado un cisma en el feminismo que se ha extendido a otros territorios.

Las resistencias se manifiestan y se materializan también en otros ámbitos. El aborto es un campo de batalla recurrente de la derecha, atizada por una Iglesia a la que más le valdría cuadrarse de verdad ante temas como los abusos sexuales y la pederastia en su seno. El líder del PP no tiene otra cosa en la que entretenerse que en darnos lecciones a las mujeres “de lo que llevamos dentro cuando estamos embarazadas” y pedirnos que tengamos hijos. Algo parecido hicieron en anteriores ocasiones y les salió mal porque inundamos las calles de violeta. Tampoco en este caso es una cuestión meramente ideológica. Interesa revertir la caída de la natalidad, tener cotizantes que nos paguen las pensiones, pero no a fuerza de políticas de conciliación, permisos parentales y medidas contra la brecha salarial que permitan compaginar trabajo y crianza, como hace el actual Gobierno. Es más rentable y barato, desde el punto de vista patriarcal, que nos dediquemos a parir y nos olvidemos de progresar laboralmente. Y a cuidar, eso también. ¿Para qué queremos una ley de Dependencia bien dotada con un incremento del 60%  si nosotras ya cuidamos? ¿Para qué impulsar la educación gratuita de cero a tres años, como pretendía Pedro Sánchez con sus Presupuestos, si ya están las mamás? ¿Para qué? Sin ese pìlar, el de los cuidados, nuestra sociedad se desmorona. La cuestión es si están bajo el amparo público o en el ámbito privado a cargo de las mujeres.

Para que nos estemos quietecitas, hay que “domesticarnos”, tenernos amedrentadas es útil. Los dictados de la moda, los cánones de belleza y todo el poso cultural en el que nos socializamos contribuyen a reproducir los estereotipos y la diferenciación de roles de los que somos rehenes. Cuesta mucho liberarse de ese corsé en el que nosotras nos llevamos seguramente la peor parte pero del que también ellos son prisioneros. Aunque la peor arma es la violencia machista en sus múltiples manifestaciones, que resulta de todo lo anteriormente citado y, a la vez, es una herramienta de conservación de esa arquitectura social contra la que luchamos desde el feminismo.

Por todo eso vale la pena luchar todos los días y teñir de lila las calles el 8 de Marzo. El próximo viernes, nuestra voz se dejará oír más fuerte que nunca.

Artículo publicado en La Hora Digital  el 5 de marzo de 2019

CARTA ABIERTA A PABLO CASADO 

Señor Pablo Casado, presidente del Partido Popular,

Por la presente quiero hacerle llegar el sentir de una ciudadana comprometida con la lucha por la igualdad, a la par que representante electa en los comicios generales de junio de 2016. Como mujer, me siento interpelada cuando usted ataca nuestros derechos y libertades proponiendo involucionar hasta 1985, fecha de aprobación de la antigua ley de plazos del aborto. 

Como madre de una mujer muy joven (a la que tuve porque así lo decidí libremente) me estremezco sólo de pensar que mi hija pudiera quedarse embarazada sin desearlo y se viera privada de poder abortar, si así lo quisiera, dentro de las 14 primeras semanas de gestación como establece la ley vigente desde 2010 que ustedes ya pretendieron reformar sin éxito hace unos años. O que no pudiera decidir interrumpir su embarazo hasta la semana 22 si optara primeramente por continuar pero seguir adelante pusiera en peligro su vida o descubriera que el feto padece una grave anomalía o enfermedad. O que tuviera que hacerlo en la clandestinidad, sin garantías sanitarias ni seguridad alguna. Porque eso es lo único que consigue la prohibición del aborto, no acabar con las interrupciones del embarazo, que se continúan practicando igualmente o incluso en mayor medida, sin controles ni garantías para las mujeres. Eso es lo que pasa en todos los países que lo prohíben y lo que ocurría en éste antes de la regulación. Las personas con más recursos, no obstante, no tienen que sufrir. Pueden, si lo desean, votarle a usted con una mano para que les quite a las trabajadoras el derecho al aborto y, con la otra, comprar el billete para viajar a cualquier país extranjero para abortar ellas o sus hijas, como hacían en los lejanos años a los que nos quiere usted devolver.

Como diputada socialista, me enerva que el primer partido de la oposición se entregue en brazos de la reacción machista ante el avance del feminismo y decida seguir los pasos de la ultraderecha filofranquista gracias a la que usted gobierna en Andalucía y aspira a gobernar España entera. Ante la evidencia del avance de las políticas sociales del Gobierno de Pedro Sánchez,  dada la falta de propuestas de los conservadores para sacar adelante el país y sobradamente conocido el gran problema de su partido, atravesado mortalmente por los casos de corrupción que afloran día sí y día también, no tiene otra cosa que hacer que emprenderla con la mitad de la población. Eso y envolverse en la bandera de España, claro. 

Como feminista, no me voy a quedar quieta ni callada. No lo he hecho nunca, nací con la rebeldía en mis entrañas. Nunca me doblegué ante una sociedad que me quería sumisa y en "mi sitio", bajo los mandatos del patriarcado. Voy a defender mis derechos y los de mis hermanas con uñas y dientes, con la palabra y con los hechos, pidiendo a todas las mujeres de este país que, si no quieren volver a los nada añorados por nosotras años setenta, no les voten jamás a ustedes ni a Ciudadanos y, por supuesto, tampoco a la ultraderecha recién llegada a la representación política. 

Como mujer, no consiento que se me tome por tonta. Sus mentiras o posverdades, como está de moda llamar ahora a la tergiversación de conceptos y realidades, tienen las patas cortas. No es verdad que la actual ley del aborto incite a las mujeres a interrumpir su embarazo. Las cifras dicen exactamente lo contrario. Desde la aprobación de la actual ley, vigente desde 2010, hemos bajado en casi 20.000 abortos. Es mentira que se use el aborto cual método anticonceptivo o que haya "barra libre", como usted dice. La regulación es estricta y hay controles y garantías para determinar si hay motivo de aborto más allá de las 14 semanas. Y se informa a todas las mujeres adecuadamente, de hecho deben transcurrir tres días desde que se proporciona esa información hasta que se practica el aborto, así lo determina el artículo 14. Es importante que exista un marco legal adecuado como el actual y no lo es menos el restablecimiento, para evitar embarazos no deseados, de una adecuada educación afectivo-sexual y reproductiva que ustedes sacaron de las aulas.   

Como ciudadana, me indigna y hasta me avergüenza que la derecha de este país argumente que hay que dejar de abortar y tener más niños porque, si no, no podremos pagar las pensiones. Y aún más que lo diga tras dedicarse durante los últimos siete años - hasta que les echamos del Gobierno por corruptos- a recortar derechos de las trabajadoras. Su reforma laboral precarizó el trabajo y condenó a millones de mujeres a salarios ínfimos, jornadas parciales no deseadas y aumentó la brecha salarial. No fue la crisis, fue el PP quien hizo eso. La falta de estabilidad laboral, unida a las nulas políticas en pro de la conciliación y la corresponsabilidad, componen un cóctel perfecto para que la natalidad se sitúe bajo mínimos. 

Políticas pensadas para hacer un poco más fácil la vida de las personas, mujeres y hombres, que les permitan plantearse la paternidad y maternidad sin miedo a no poder cuidar de esos hijos por horarios infames, acciones encaminadas a fomentar el empleo digno, subida del Salario Mínimo Interprofesional, equiparación de permisos de paternidad y maternidad, leyes para combatir la brecha salarial y perseguir las desigualdades en las remuneraciones de mujeres y hombres a igual trabajo y responsabilidad, impulso a la red de escuelas públicas de cero a tres años, más recursos para la dependencia, un acuerdo para mejorar las condiciones de las y los autónomos... Todo ello, contemplado por el gobierno socialista y plasmado en los Presupuestos Generales del Estado, sí que contribuye a invertir la peligrosa curva descendente de la natalidad. Pero sus propuestas involucionistas, retrógradas y patriarcales no sirven para nada de lo que dicen perseguir. 

Por si no se acuerda, ya luchamos contra la reforma que pretendía Gallardón, que en 2014 acabó por dimitir tras tirar la toalla. Su partido también renunció a modificar la ley, excepto en lo que se refería a las menores de 18 años. Y la retiró por la oposición dentro incluso del PP y porque las encuestas mostraban el rechazo de la mayoría de la sociedad a esa propuesta. ¿Por qué, entonces, insiste usted en ello, señor Casado? ¿Sus amigos de Hazte Oír, a quienes el ministerio de Justicia acaba de revocar la declaración de utilidad pública por transfobos, le pasan factura por sus apoyos? Sea como sea, advertidas quedan todas las mujeres de este país, para que tomen buena nota cuando sean convocadas a las urnas. 

Hace cinco años, dimos la batalla política y ciudadana en defensa de nuestros derechos, cuando intentaron recortarlos. Y la seguiremos dando. El Tren de la Libertad salió el 1 de febrero de 2014 y continúa en la estación, dispuesto a arrancar cuando sea necesario.  

Artículo publicado en Tribuna Feminista el 10 de febrero de 2019