VIOLENCIA DE GÉNERO: EXISTE Y SE COMBATE

Uno de los principales retos que tenemos como sociedad es, sin duda alguna, la erradicación de la violencia contra las mujeres. Resulta intolerable, a la par que insufrible, la cifra de la vergüenza, que además no cesa de incrementarse. No es un problema exclusivo de España, desde luego, pero no por ello es menos grave. ¿O es que nos resignamos a las muertes por accidente de tráfico porque ocurran en todos los países? ¿Acaso normalizamos los asesinatos terroristas porque acontezcan en diferentes lugares del orbe? Y, es más, ¿denostamos la legislación que pretende prevenir, evitar o combatir esas muertes y asesinatos porque, a pesar de todo, sigan ocurriendo? Rotundamente no, a nadie se le ocurriría y, si lo verbalizara, se le tacharía de insensato.

España ha estado, y está, a la vanguardia de las políticas de igualdad. Entre ellas, las encaminadas a la lucha contra las violencias machistas. La ley de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género marcó un hito y significó un antes y un después en la percepción social y política de la violencia de género. Dejó de ser un problema del ámbito privado para ser abordado desde las políticas públicas. Tuvo que transcurrir más de una década y años de gobierno del PP en los que la ley no se dotó ni desarrolló, para que el parlamento español aprobara, en septiembre de 2017, el Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género. Y aún nueve largos meses, hasta que se produjo la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa, para que ese pacto se comenzara a implementar. Quince meses después de ese momento, de los cuales sólo diez de Gobierno socialista en plenas funciones, el Pacto de Estado está en marcha. Su desarrollo legislativo se trabajó en el Congreso de los Diputados a principios de este año y estaría plenamente vigente si en marzo no se hubieran disuelto las Cortes por la negativa de las derechas y las fuerzas independentistas a aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que además incluían un incremento de la dotación para los ayuntamientos en este concepto. 

La primera ley que se tramitó en el parlamento siendo Pedro Sánchez presidente fue la que reformaba la Ley Orgánica del Poder Judicial para formar a la judicatura y la magistratura en materias específicas de igualdad. Y un Real Decreto-Ley amplió y facilitó, a partir del verano de 2018, la acreditación de la condición de víctima, permitió compatibilizar las ayudas provenientes de diferentes ámbitos de la administración y que los menores ya no precisen el consentimiento paterno, esto es, del maltratador, para recibir la asistencia psicológica que necesitan precisamente por su culpa. La devolución a los ayuntamientos de las competencias en estas materias, que no tenían desde la promulgación de la LRSAL, ha sido otra de las medidas legislativas hecha realidad y desde prácticamente todos los ministerios se han asumido cuestiones que tienen que ver con la asistencia a las víctimas y otros aspectos. 

Más allá de legislar, este combate sin cuartel necesita del compromiso de toda la sociedad. En cuanto a las políticas públicas, no es únicamente tarea del Gobierno de España. El propio Pacto de Estado contempla medidas que son competencia de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, así como varias que competen al Poder Judicial y a otras instancias. Los medios de comunicación y la industria del audiovisual no pueden tampoco sustraerse a su cuota de responsabilidad, en tanto en cuanto agentes socializadores y transmisores de valores, a la par que de estereotipos. Y, si algo es innegable, es que sin una buena educación afectivo sexual no conseguiremos erradicar las violencias machistas, tampoco las sexuales.

Existen multitud de medidas en el acuerdo que se suscribió hace algo más de dos años en el Congreso que vinculan a la sociedad en general y a determinados sectores en particular. Y es muy importante, diría que fundamental, que cada uno asuma su cuota de responsabilidad. No es de recibo que un gobierno como el de la Generalitat de Catalunya perciba los fondos transferidos desde el Gobierno central y no dé cumplida cuenta en sede parlamentaria de a qué destina ese dinero, que es finalista. No se puede justificar de ninguna de las maneras que se resista a desplegar por el territorio catalán las Unidades de Valoración Integral Forense - de carácter pluridisciplinar y destinadas a asistir al juez en la decisión sobre medidas de protección de víctimas y menores- cuando es algo que contemplaba la ley de 2004 y que, según mandato del Pacto de Estado, deberían estar ya desplegadas por todo el territorio español. Precisamente en Catalunya están muchos de los partidos judiciales donde menos órdenes de protección se dictan. La desidia del Govern en todos los terrenos alcanza también a éste, por lo que no es de extrañar que apenas destine recursos propios, más allá de la dotación trasferida por el Gobierno, para la lucha contra la violencia de género. 

El nivel de implementación, a fecha de hoy, de un Pacto que está previsto que se desarrolle a lo largo de cinco años, es óptimo. Su dotación presupuestaria es la que se acordó y que el Partido Popular intentó escamotear en primera instancia en sus presupuestos. Sólo a través de una enmienda presentada por la oposición se consiguió incorporar. Y sería aún mayor si se hubieran podido aprobar los presupuestos de 2019. Yerran el tiro, pues, quienes señalan con dedo acusador al partido que arrastró a la derecha a ese acuerdo. Todas las administraciones deben comprometerse y cumplir con lo acordado. Dos años después de su aprobación, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha conseguido reafirmar lo que, ya en su día, logró la ley de 2004: colocar en la agenda política y en la conciencia social este problema. Y nadie, por mucho empeño que ponga, conseguirá revertir ese efecto. Ahí está el movimiento feminista para impedirlo. La lucha continúa.

Artículo publicado el 17 de octubre de 2019 en Tribuna Feminista

NO VALE MIRAR A OTRO LADO 

El Gobierno está desarrollando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que el Congreso aprobó en septiembre de 2017. El ejecutivo de Pedro Sánchez le está dando cumplimiento, sin mirar hacia otro lado e intentando recuperar el tiempo perdido por un PP que nunca creyó en él, que sólo se vio arrastrado y no tuvo más remedio que asumirlo. 

Este domingo, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Un día en torno al cual se articula la visibilización de la lucha contra las violencias machistas. Afortunadamente, es una cuestión que ha conseguido calar en la agenda política, en la mediática y que está permeando en la sociedad, aunque con distintas graduaciones. Una cuestión de suma gravedad que se está empezando a abordar más allá del 25N. 

Foto: La Hora Digital

Sin duda, es el feminismo el que está marcando su agenda y, en ella, éste es un tema prioritario y urgente. Para el anterior Gobierno del PP, en cambio, no lo fue. Sólo accedió a sentarse a negociar el Pacto de Estado cuando perdió la mayoría absoluta. Lo pactó, lo aprobó pero no lo dotó económicamente en los Presupuestos del Estado de este año. De nuevo fue la oposición, encabezada por el PSOE, quien forzó a través de enmiendas el cumplimiento de los compromisos económicos que incluye. Tampoco impulsaron los populares ninguna medida de las más de doscientas que configuran ese acuerdo que es de mínimos, sí, pero que está anclado en el consenso. 

El pasado mes de junio, nada más vencer en la moción de censura y conformar un ejecutivo, Pedro Sánchez hizo gala del feminismo intrínseco a su gobierno y pasó a los hechos. La primera ley que el grupo socialista llevó al Congreso fue la que modifica la Orgánica del Poder Judicial y que contempla la formación de los operadores jurídicos para que puedan abordar adecuadamente los casos de violencia contra las mujeres. Para que no se produzcan sentencias como la de la violación de los Sanfermines, conocida como de La Manada. Ahora se trabaja para reformar el Código Penal en lo que afecta a delitos sexuales, de manera que, sin un sí explícito, todo lo demás sea un no rotundo. 

En agosto, una nueva iniciativa legislativa recogía algunas medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado. Entre ellas, la devolución de competencias en esta materia a los municipios, que es donde se atiende, en primera instancia y desde la proximidad, a tantas y tantas mujeres que sufren violencia de género. A las medidas recogidas en el decreto del 3 de agosto se sumarán otras hasta completar en los próximos meses, con la mayor celeridad posible y confiemos que con consensos, el desarrollo legal del Pacto. Entre otras cosas, la ley debe proteger más y mejor a los y las menores, garantizar a las mujeres víctimas mayor acompañamiento, asesoramiento, atención y protección y perfeccionar la tipificación de algunos delitos, como los del ámbito digital.

El acuerdo que salió del Congreso lo está cumpliendo el Gobierno y está transfiriendo las partidas a Comunidades Autónomas (120 millones de euros) y Ayuntamientos (20 millones de euros) En los Presupuestos Generales del Estado de 2019 se incrementará además la cantidad destinada a los municipios y alcanzará la cifra de 40 millones de euros, el doble de lo comprometido en el acuerdo.  En lo que al Gobierno de España se refiere, se están ejecutando los restantes 80 millones que el Pacto destinaba a sus competencias. Esta misma semana, el ministerio del Interior ha presentado una nueva campaña titulada "No mires a otro lado", en la que el mensaje es que la lucha contra la violencia de género concierne a toda la sociedad y nadie puede inhibirse de su responsabilidad, tampoco a la hora de denunciar situaciones de este tipo. Igualmente, las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno están recibiendo fondos para reforzar las actuaciones de las unidades de violencia sobre las mujeres. 

Esto no va de hacer declaraciones. Va de actuar contra la máxima expresión de la desigualdad: la violencia de género. Y el Gobierno de Pedro Sánchez lo está haciendo con la mayor diligencia. 


Artículo publicado en La Hora Digital el 23 de noviembre de 2018

EL PP Y LAS MUJERES, O CÓMO RETROCEDER EN DERECHOS

En pleno estío y descanso vacacional, el PP ha decidido que ya no le hace falta disimular. Y se ha echado al monte. Lo ha hecho en muchos aspectos y lo ha perpetrado en compañía de su partido hermano - ideológicamente hablando - , esto es, de Ciudadanos. Las mujeres y nuestros derechos no nos libramos de esa nueva deriva o, para ser más, exactos, de ese ataque de sinceridad. Porque, para qué vamos a andarnos con rodeos: ni el PP ni C's han sido nunca partidos feministas, ni siquiera por aproximación. Pero mientras el PP ha estado gobernando y lo ha hecho, como en los últimos dos años, en minoría, no le ha quedado más remedio que disimular, aunque fuera a medias, y aceptar acuerdos tan importantes como el Pacto de Estado sobre violencia de género al que las y los socialistas le arrastramos literalmente.

Sabido es que la cabra tira al monte y el PP a la derecha, que es su espacio natural. Y eso es lo que ha hecho en los últimos meses, desde la oposición y con un nuevo liderazgo, más joven pero igual de conservador y tan carente de preocupación por los derechos de las mujeres como que el anterior. Así, a la primera de cambio Pablo Casado y otros y otras líderes y lideresas populares, han mostrado sus cartas machistas: En la ponencia de su Congreso, en julio pasado, consideraba el aborto como un fracaso de la sociedad. Su vicesecretaria de Estudios, Andrea Levy, manifestó el pasado miércoles que le preocupa que el aborto sea un derecho y, para terminar de arreglarlo, mienten respecto al regreso a un supuesto consenso, el de la ley de 1985, que nunca existió porque alguien votó en contra. Para ser exactos, fue la formación de la que es heredera el PP, Alianza Popular, la que no sólo votó en contra sino que recurrió aquella ley de supuestos del gobierno socialista de Felipe González ante el Tribunal Constitucional. 

Algo similar están haciendo con el Pacto de Estado sobre Violencia de Género que suscribieron con el resto de fuerzas políticas hace un año. la aprobación en la comisión de Igualdad del Congreso el 28 de julio de 2017 fue unánime y sólo Podemos se desmarcó con una abstención en la aprobación plenaria dos meses después. EL PP asintió en los dos casos. Ahora, tras casi un año de inacción, tras nueve meses en el que el Gobierno de Rajoy no ejecutó ninguna de las medidas del Pacto y aún menos desarrolló legislativamente lo que estaba obligado a hacer,  intenta desmarcarse con excusas peregrinas.

El nuevo Gobierno, presidido por Pedro Sánchez y con la vicepresidencia de Carmen Calvo que además se responsabiliza de las políticas de Igualdad, ha querido recuperar cuanto antes el tiempo perdido por el PP. Porque nos continúan matando y porque ya vamos tarde con el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado. Por eso, en el último Consejo de Ministros antes de la breve pausa vacacional, el Ejecutivo aprobó el Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Entre otras medidas, el Real Decreto fija los criterios de distribución de la cantidad asignada en 2018 a los municipios para la asistencia a las víctimas desde la proximidad, a quienes se devuelven sus competencias; modifica la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género en diferentes aspectos con la finalidad de incrementar y mejorar la protección y asistencia a las mujeres que sufren violencia machista, así como para la acreditación de su condición de víctimas, algo estrechamente ligado al reconocimiento de sus derechos. Y no será necesaria la interposición de denuncia. También se refiere el RDL a los y las menores que sufren estas situaciones, de manera que deja de ser necesario el consentimiento de padre - en estos casos, el maltratador- y madre para su atención y asistencia psicológica, en el ejercicio de la patria potestad.


Todo ello está recogido en las 214 medidas del Pacto de Estado, aprobado, insisto y recuerdo por el PP. Y si este partido pretende romper la necesaria unidad contra la violencia machista con el argumento de que no se justifica la aprobación de un Real Decreto-Ley por la urgencia de las medidas, que se lo diga a todas y cada una de las familias destrozadas por la violencia más terrible que sufre nuestra sociedad. Lamentablemente, son ya más de 950 las víctimas mortales de la violencia machista en España desde que tenemos cifras. Muchísimas más las que día a día la están padeciendo y que necesitan una actuación decidida y sin excusas tanto de los poderes públicos como de la sociedad en su conjunto.

A esta ofensiva contra el Pacto de Estado iniciada por el partido Popular se ha sumado alguna organización de jueces, mientras que otras han salido en su defensa. En contra del argumento esgrimido por la asociación Francisco de Vitoria, de que las medidas no han sido "meditadas, debatidas y examinadas" - cuando lo fueron en sede parlamentaria durante meses y están aprobadas por el Congreso de los Diputados- otra asociación no menos representativa, Juezas y Jueces para la Democracia, acaba de publicar un comunicado en el que asegura que "no podemos afirmar la inexistencia de urgencia alguna para alcanzar la puesta en práctica de las medidas" y añade que "más bien consideramos necesarias e imprescindibles las reformas legislativas encaminadas a conseguir su efectividad".

El debate sobre las medidas del Pacto ya tuvo lugar, ahora hace falta dotarlo y ejecutarlo, que es lo que está haciendo el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Sabemos  que el PP nunca tuvo auténtica voluntad de hacer ni creyó de verdad en la necesidad de esas medidas. Lo único que se le pide es lealtad al pacto que suscribió y, sobre todo, decencia ante las mujeres que sufren día a día esta violencia injustificable. Y, respecto al aborto, menos mentiras y tengan claro que las mujeres no daremos ni un paso atrás en nuestros derechos. Ni en éste ni en ningún otro. Entre otras cosas, porque nos va la vida en ello.

RECUPEREMOS EL MINISTERIO DE IGUALDAD

La actividad parlamentaria se va activando semana a semana en el Congreso de los y las Diputados/as (por cierto, quizás deberíamos plantearnos en serio aplicar el lenguaje no sexista ni excluyente a la terminología institucional) El miércoles, 10 de febrero, quedó constituida formalmente la Comisión de Igualdad, de la que formo parte como vocal. Tenemos mucho trabajo por delante, qué duda cabe. Empezando por el Pacto institucional, social y político contra la violencia de género. Esa lacra contra la que no debemos ni podemos resignarnos y para la que sabemos que existen soluciones que darán tarde o temprano frutos. Seguramente no serán inmediatos, la tarea es ardua pero, precisamente por eso, cuanto antes la iniciemos, antes obtendremos réditos. Lógicamente, la Comisión Parlamentaria de Igualdad trabajará en muchos otros campos, como anunció su presidenta, la socialista Pilar Cancela: igualdad salarial, conciliación y usos del tiempo, visibilidad de las mujeres y su representación en los medios de comunicación, así como un largo etcétera. 

Esta semana se ha producido algo tanto o más importante que la constitución de esa comisión parlamentaria. El líder socialista, Pedro Sánchez, quien ha aceptado la propuesta de procurar constituir un nuevo gobierno, anunció ayer que quiere recuperar el Ministerio de Igualdad. Es básico que todos los temas relacionados con igualdad y género se impulsen desde un ministerio específico. Sobre todo porque sólo desde la especialización, y no es una paradoja, se puede conseguir que éste sea un tema presente en todas las acciones de gobierno. Y únicamente desde la transversalidad en la acción política se camina de verdad hacia la plena igualdad. Si nadie vela permanentemente por los intereses del cien por cien de la población, la inercia del día a día hace que todo el mundo tienda a tener poco presente, si no a olvidar, la mitad que constituimos las mujeres. Esa es la esencia y el producto de la sociedad patriarcal en la que vivimos, mal que nos pese.

Todas estas acciones constituyen buenas nuevas para las mujeres y para todas aquellas personas que creemos en la igualdad de género y que luchamos día a día por conseguirla. Cada vez somos más, hombres y mujeres, los y las que tenemos esa como una de nuestras banderas. Algunas tenemos incluso el honor y el privilegio de hacerlo desde lugares donde somos portavoces de la voluntad popular. El recientemente constituido Congreso de las personas Diputadas está cerca de la paridad. Las diputadas somos un 41% de la cámara, un récord que confiemos que se bata de nuevo en la siguiente legislatura.

En esa lucha diaria nos precedieron otras mujeres. Todo comenzó en 1931. Clara Campoamor, una de las tres diputadas en el Congreso, pronunció el histórico discurso que tanto ayudó a conseguir, ese mismo año, el sufragio femenino, que cristalizó en 1933 en las primeras elecciones en las que las mujeres ejercieron su derecho a voto. Tres años más tarde Federica Montseny se convirtió en la primera mujer Ministra en España y pionera en Europa. Aún trascurrieron unas décadas, superado el Franquismo, para que en 1977 la mesa del Congreso registrara por primera vez la presencia de una mujer, y sólo más de veinte años después, en el 2000, una mujer presidió el Congreso. 

Soy, somos, herederas de esas políticas feministas pioneras de los años treinta del pasado siglo a las que deberíamos tener mucho más presentes. Recogemos el legado de Campoamor para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, para recuperar lo perdido en estos últimos años de rodillo neoliberal caracterizado por acciones contrarias a los derechos de las mujeres. Lo haremos con mucho menos mérito que Clara, eso por supuesto. Los tiempos son complicados pero ahora somos muchas más y tenemos muchísimo más respaldo social y político que el que ella tuvo. Pero nosotras lo haremos. Otras, pueden también y no lo hacen.