¿QUÉ VALEN LAS MUJERES?

Ninguneo, palabrería, postureo y pasotismo. El Gobierno aplica esta máxima en la cuasi totalidad de las materias, aunque cuando se trata de abordar un problema tan grave y tan serio como los asesinatos machistas que se suceden año tras año, mes tras mes, semana tras semana, algo nos hace pensar que el estómago de nuestros gobernantes, y por ende el de la sociedad en que vivimos, tiene unas tragaderas demasiado grandes. Lo digo sobre todo porque hace apenas dos meses el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una iniciativa que insta al Gobierno a disponer al menos 200 millones de euros, hubiera o no nuevos presupuestos, para las medidas del Pacto de Estado sobre Violencia de Género que la misma cámara había aprobado en septiembre del pasado año. Ahora, iniciado el nuevo año, toca habilitar esas partidas. Es más, hay muchas medidas entre las aprobadas hace ya más de tres meses que no necesitan de incremento presupuestario, sino únicamente de predisposición y ganas de llevarlas a cabo cuanto antes. Entre ellas, modificaciones legales que deberían entrar en el Congreso tan pronto como empiece, en febrero, el nuevo período de sesiones.
 Algunas de esas medidas pueden ser determinantes para trazar un camino hacia la plena igualdad, hacia la igualdad real entre hombres y mujeres. Un camino que pase por la educación y que facilite la lucha contra la violencia porque en su estela veamos el destierro del machismo de la sociedad. Otras, apuntan hacia la mejora de la seguridad de las víctimas, con mayores garantías para ellas y para sus hijos e hijas, cuando los haya.
 No estamos hablando de un problema residual, ni puntual. En los últimos quince años, más de 900 hombres han asesinado en España a sus parejas o ex parejas. Es una cuestión estructural que, como tal, requiere de ingentes esfuerzos para conseguir que cambie. Si echamos la vista atrás y observamos el gran dolor infligido por la banda terrorista ETA en nuestro país, veremos que la cifra de asesinatos en algo más de 40 años se acerca a la de mujeres asesinadas en sólo tres lustros. Sin ánimo de caer en reduccionismos, una rápida regla de tres nos llevaría a la escalofriante cifra de casi 2500 mujeres asesinadas en cuarenta años. ¿Cómo es posible que lo toleremos y que el Estado no dedique todos los recursos posibles a luchar contra semejante problema? Es más, cabría preguntarse qué valor le damos como sociedad a la vida de una mujer para que no nos echemos en masa a la calle cada vez que una de nosotras es asesinada.
 Desde luego no es sencillo acabar con este problema - tampoco lo fue acabar con ETA- y por supuesto el Pacto de Estado no es la panacea, pero sí es un punto de partida imprescindible no sólo por las medidas que contiene sino porque es un espejo en el que la sociedad española debe poder reflejarse. Por eso, precisamente, es si cabe más indignante la inacción gubernamental. ¿Cómo podemos pedirle a la ciudadanía que avance desde una actitud pasiva hacia una proactiva en contra de la violencia machista si el Gobierno mira hacia otro lado o simplemente hace ver que hace pero sin tomar en verdad las decisiones que pueden cambiar el estatus quo de las víctimas?
 Por eso mismo es igualmente irresponsable la actitud de un partido como Podemos, que se abstuvo en su aprobación, aún a sabiendas - porque estuvo presente y participó del arduo proceso de gestación y negociación de las 214 medidas- que no fue nada sencillo alcanzar un mínimo común denominador, pero que lo pactado, si se realiza en su totalidad, puede significar un avance muy importante.
 Desde luego el esfuerzo que se requiere tiene que ir más allá del ámbito político. Y ahí también debemos señalar culpables. ¿O es que es de recibo el juicio paralelo en casos como el de la violación múltiple de los san Fermines? ¿Es justo acaso que la víctima deba probar que lo fue, hasta el punto de que se admita como prueba el seguimiento a la mujer violada en los días siguientes a serlo, insinuando que no puede ni debe tener vida social? ¿Es normal que en casos como el de la tristemente desaparecida y asesinada Diana Quer los medios de comunicación juzgaran a la víctima hasta el punto de culparla de su propia desaparición y de lo que le hubiera podido ocurrir?
 Tampoco ayuda la insolidaridad de la otra mitad de la sociedad. Salvo honrosas excepciones, los hombres siguen considerando el combate por la igualdad y contra la violencia de género como algo que nos atañe únicamente a nosotras. Craso error. Se trata de una lucha en la que nos tenemos que embarcar todas y todos para que tenga garantía de éxito. Como ejemplo, el de la ajedrecista Anna Muzychuck que se apeó recientemente de un campeonato mundial que se celebraba en Arabia Saudí porque no quiso ser deportista de segunda ni someterse a las discriminatorias costumbres islámicas. Aún estoy esperando que los hombres que competían en ese campeonato hiciesen lo propio, es decir, renunciaran, para evidenciar que en pleno siglo XXI es inaceptable una situación como esta.
 Encontraríamos, sin duda, muchos más ejemplos porque el engranaje de la violencia machista es muy complejo y se compone de múltiples piezas. Su versatilidad es casi infinita porque el machismo es capaz de mutar y adaptarse al ritmo de los tiempos. Pero el daño que produce es siempre el mismo y tiene siempre como objetivo el sometimiento de la mitad de la sociedad que somos las mujeres a la otra mitad. En su combate, el primer impulso está claro que debe partir del Gobierno, desde la responsabilidad máxima que ostenta, y debe irradiar en la sociedad con la máxima capilaridad. ¡Señor Rajoy, ya está tardando!

Artículo publicado el 7 de enero de 2018 en Tribuna Feminista 

LAS MUJERES NO SOMOS MERCANCÍA ELECTORAL

No descubro nada nuevo si digo que hay elecciones en Catalunya. Tampoco si afirmo que, por más que algunos partidos -el socialista básicamente- se esfuercen en poner en la agenda política y de debate electoral cuestiones sociales, el día día de campaña lo marca el sempiterno "procés", la matraca independentista. Aun así, algunas tenemos obsesión (somos raritas, qué le vamos a hacer) por comparar programas y ver qué dicen unos y otros sobre cuestiones tan "baladís" como las relacionadas con políticas de género, con violencias machistas o con la lucha contra todo tipo de discriminaciones a las que, en pleno siglo XXI, nos vemos todavía sometidas las mujeres, aunque las leyes estipulen lo contrario. 

Las sorpresas aparecen en esta ocasión no sólo por las omisiones, aunque los silencios suelen ser elocuentes, sino también y sobre todo por las propuestas. Algunos partidos se han quitado definitivamente la máscara y se han lanzado en brazos del neoliberalismo sexual más alocado. Así, sin protección ni nada. A la brava. Lo cierto es que de algunos ya lo sospechábamos, porque practican el neoliberalismo en todas las facetas propositivas imaginables. Hay uno de cuyo nombre no es que no me acuerde sino que lo ha cambiado tantas veces que ya no me aclaro, pero que concurre esta vez bajo las siglas de Junts per Catalunya. Bien, pues los herederos de la Convergència de Jordi Pujol ahora prometen, dirigiéndose preferentemente al colectivo homosexual, que podrán alquilar vientres con todas las garantías. Yo les diría a los posibles votantes del prófugo Puigdemont que piensen otorgarle su confianza por esa promesa que, cuando menos, no se lleven a engaño. Habrá, en todo caso, vientres de alquiler para los que tengan dinero para pagar a una mujer que en cambio no lo tenga y lo necesite para subsistir o para pagarse la carrera que ellos mismos ya se encargaron de que tuviera unas tasas por las nubes, de las más caras de toda España. Por cierto, los recortes en becas y las subidas de tasas universitarias los hicieron junto con sus socios de ERC en Junts pel Sí y con el apoyo de la CUP. 

Como digo, eso me ha sorprendido bastante poco, porque ya se les suponía. Lo otro que me he encontrado escudriñando programas electorales no es que haya logrado asombrarme, porque ya apuntaban maneras los seguidores de la alcaldesa Colau, pero no deja por eso de romperme mis esquemas de roja feminista. Y sí, lo soy, qué le voy a hacer, soy socialista y feminista porque otra cosa no sé, pero eso sí que lo tenemos los y las socialistas, que solemos ser feministas hasta el punto de que nos inventamos leyes que persiguen igualar las mujeres a los hombres o que quieren conseguir la erradicación de la violencia de género. Lo que verdaderamente me ha sacado de mis casillas ha sido la declaración, negro sobre blanco, en el programa de Catalunya en Comú Podem de que están por “regularizar” la prostitución. Y más aun sabiendo que lo hacen, según afirman, “para garantizar los derechos sociales de las personas que ejercen la prostitución y para que nunca más tengamos que lamentar feminicidios y abusos contra trabajadoras sexuales como la que se produjo hace unos días en el Raval de Barcelona” Así de ancha se quedaba hace unos días en redes sociales una asesora de la formación en contestación a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, y a mí misma, que habíamos afeado a las Comuns que llevasen esa propuesta en su programa. “Lo que verdaderamente me ha sacado de mis casillas ha sido la declaración, negro sobre blanco, en el programa de Catalunya en Comú Podem de que están por “regularizar” la prostitución.” 

Para empezar, decirles que hablar de trabajadoras sexuales ya es en sí mismo una barbaridad. El sexo no es un trabajo, el sexo sólo es libre cuando se ejerce en igualdad de condiciones y sin intercambio económico de por medio. Jamás cuando existe ejercicio del poder patriarcal, ni cuando se parte de la base de que  las mujeres estamos para satisfacer a los hombres. Eso es lo que estamos enseñando a los niños y chicos aun hoy en día. Y peor sería todavía si “regularizamos” como oficio o profesión la prostitución. Para que, como bien señala Ana de Miguel, ya desde pequeños crezcan pensando que esa niña tan mona que comparte aula y patio con ellos quizás esté a su servicio por unos euros cuando crezca un poco más. Esa niña que el día de mañana se formará, buscará trabajo, no lo encontrará de aquella profesión para la que se formó pero en la oficina de colocación le ofrecerán un magnífico puesto de prostituta. Eso ya pasa en países como Alemania donde se ha “regularizado” la prostitución. No sé ustedes, pero yo eso no lo quiero ni para mi hija ni para nadie. 

Por otra parte, ignorar que en más del 90% de los casos detrás de una mujer prostituida hay una red mafiosa de trata de personas con fines de explotación sexual, dicho de otro modo, esclavitud sexual, es cerrar los ojos a la realidad. Por eso desde el socialismo, desde la izquierda real y feminista, somos abolicionistas. Estamos no por regularizar, no por legalizar esas mafias, sino por perseguir a los prostituidores, a los proxenetas, por penalizar el uso de la prostitución, como ha hecho con mucho éxito Suecia, y por ofrecer alternativas sociales y laborales a las mujeres que, por la causa que sea, se dedican a la prostitución. Porque casi ninguna está satisfecha con lo que hace. Algunas, la mayoría, están asqueadas y un gran número quieren salir de ese mundo. Si no, lean este reciente reportaje titulado “Ser puta en Barcelona”, o el último libro de Mabel Lozano en el que explica las escalofriantes “vivencias” de un esclavista, un proxeneta y tratante de mujeres.
 

Y no me vengan con el cuento de que así, legalizando esa esclavitud, van a evitar tragedias como la que ocurrió hace poco en Barcelona, con el asesinato de una mujer que se dedicaba a la prostitución. Precisamente, eso se evita haciendo justo lo contrario. Optando por lo que hizo Suecia, donde no ha habido ni un asesinato de prostitutas a manos de un cliente o de un proxeneta desde que, en 1999, se legisló contra la compra de sexo. En cambio, en Alemania, donde se optó por lo que quiere hacer Catalunya en Comú Podem, en el mismo período se han registrado más de setenta asesinatos en el mismo período.
 

Así que, mujeres de Catalunya, reflexionen por favor el próximo día 21 de diciembre y piensen a quién le ofrecen su voto. Piensen en ustedes mismas, en sus hijas, en sus nietas, en esas jóvenes o no tan jóvenes que ya tienen bastante con padecer el azote de la reforma laboral del PP, que contó además con el apoyo de los convergentes, y que les condena a la más absoluta precariedad laboral. ¿De verdad quieren que, encima, tengan que elegir entre ejercer de prostitutas o verse privadas de la prestación del paro? Yo lo tengo muy claro, yo votaré al candidato del partido que defiende a las mujeres, a Miquel Iceta. Artículo publicado el pasado 16 de diciembre de 2017 en Tribuna Feminista

VACUNEMOS A LA JUVENTUD CONTRA EL MACHISMO

Se lo dije hace unos días a la ministra Dolors Montserrat en la sesión de control al Gobierno: tenemos un grave problema. La violencia de género no sólo es una lacra en la sociedad actual sino que lo continuará siendo en el futuro a menos que eduquemos y concienciemos a la juventud. Y es que, según el último informe de la FAD, casi uno de cada tres jóvenes la normaliza la vilencia de género, cree que es normal que en una relación de pareja heterosexual haya cierto grado de posesión, de dominio o incluso de violencia del hombre hacia la mujer. Desde luego, algo estamos haciendo muy mal, y si no lo remediamos, lo pagaremos muy caro las mujeres durante muchas generaciones.

El machismo, germen de la violencia contra las mujeres, está incrustado en nuestra sociedad. El último Eurobarómetro  de la Comisión Europea desvela que el 44% de los europeos considera que el sitio "natural" para la mujer es la casa, el ámbito de lo doméstico, mientras que el del hombre es el de lo público, ganar el sustento de la familia. Vamos, como en las cavernas, ni más ni menos. Ese porcentaje es la media de los países de la UE, y en España se sitúa en el 29%. Es decir, prácticamente el mismo porcentaje de personas que en este país creen que las mujeres tenemos que fregar y nada más, y que tenemos que hacerlo nosotras porque nacimos mujeres, lo encontramos cuando nos fijamos en los jóvenes y les preguntamos por la violencia machista. Insisto, preocupante. 

Cuando, hace quince o veinte años, el término violencia de género no estaba en la agenda política ni social, cuando no teníamos una Ley específica, cuando no era habitual que saliéramos a la calle a gritar "NI Una Más, Ni Una Menos, nos queremos vivas", como hacemos ahora las mujeres, y afortunadamente cada vez más hombres, entonces quizás hubiéramos podido entender que un tercio de la población no sólo no condenase sino que normalizara el maltrato. Pero ha pasado el tiempo, tenemos ley, incluso acabamos de aprobar un Pacto de Estado. ¿Qué está fallando entonces para que no únicamente la población adulta sino los más jóvenes continúen pensando así?

El recorte de los últimos años en educación llevado a cabo por el Gobierno del PP tendrá algo que ver. La falta de formación específica del profesorado y la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía no favorecen en absoluto una adecuada instrucción de chicos y chicas, de niños y niñas, en igualdad, ni facilita que reciban educación para alejarlos de actitudes machistas y cercanas a la violencia de género. Además, las redes sociales y la mensajería instantánea han propiciado la aparición de nuevas formas de violencia. Éstas adoptan la forma de actitudes de control y con demasiada frecuencia son ejercidas hacia las jóvenes adolescentes por parte de sus parejas.

Otro aspecto en el que tampoco avanzamos es la manera de abordar las cuestiones relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres por parte de los medios de comunicación y en general el sector del audiovisual. Y eso es fundamental en una sociedad en la que los y las más jóvenes pasan horas y horas delante de las pantallas, sean éstas las del ordenador o tablet, smartphone o incluso el cine, visionando vídeos en YouTube, usando aplicaciones, jugando con videojuegos o viendo series. Y, es más, como bien señala Ana de Miguel , buena parte de los jóvenes construyen su imaginario sexual a través del visionado de pornografía. Y en ese mundo hay secuencias terribles de violencia hacia las mujeres. El Pacto de Estado incluye también, a propuestas del grupo socialista, muchas medidas relacionadas con medios. Pero el Gobierno todavía no las ha puesto en marcha, aunque en su mayoría no dependen de incrementos presupuestarios.

La responsabilidad que tenemos como sociedad, la que tenemos las personas que nos dedicamos a la política, y en especial la que tienen los gobiernos, es inmensa. No erradicaremos la violencia machista si no construimos una sociedad más igualitaria, en la que sea el respeto hacia las mujeres el esté normalizado, y no la violencia. Y hay que empezar por los y las que que aún están construyendo su personalidad. Cito -como cité el miércoles pasado en el Congreso- a la presidenta de Mujeres Juezas, Gloria Poyatos: "El machismo es una enfermedad de transmisión social y su vacuna está en la educación". Vacunemos, pues, sin mayor dilación, a niños y jóvenes, porque mañana será demasiado tarde.

ESTO NO ES VIOLENCIA MACHISTA

Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el Gobierno de España en los últimos tiempos es, sin duda, el de resolver el problema de Cataluña, en relación con las aspiraciones independentistas de su actual gobierno. Y uno de los retos que afronta la sociedad española y que algunas y algunos - cada vez más- estamos resueltos a resolver, es el de la violencia de género. Hasta aquí, creo que todo el mundo estaría de acuerdo. Bien. Lo que no procede, lo que resulta a todas a luces inaceptable, es utilizar un tema tan serio y tan dramático como la violencia machista como símil para ilustrar la relación entre Catalunya y España. Es, sencillamente mezquino. Y está pasando.

Desde las filas independentistas están llenando las redes de mensajes que asimilan el supuesto maltrato proveniente del Gobierno de España hacia Catalunya con el que sufren las mujeres víctimas de violencia de género. Mensajes del tipo "España es un marido maltratador¨ lanzado por Pilar Rahola ya en 2009 y retuiteado por el actual President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, marcaban la pauta para un nivel discursivo de dudosa catadura moral que ha continuado hasta nuestros días. Y que ha eclosionado con la tormenta perfecta del independentismo a la que asistimos desde hace ya algunas semanas. Desde el feminismo socialista se está denunciando con insistencia esta práctica. 

El súmum se produjo este miércoles, cuando una de las diputadas que participó en la subcomisión del Pacto de Estado sobre Violencia de Género en el Congreso de los Diputados, Ángela Rodríguez, de En Marea, tuiteó: "¿Quién trae el dinero a casa? Eres mía. Haces lo que yo te diga. Te pago lo que me da la gana. Cambiad esposa por Catalunya y lo tenéis". Una diputada que se abstuvo, con todo su grupo, con el conjunto de representantes de Podemos, en la votación del Pacto de Estado. Leyendo tamaña barbaridad en twitter alcanzo a comprender las causas profundas de tan poca empatía con las víctimas de malos tratos demostrada en la aprobación del Pacto el 28 de septiembre.

Utilizar la violencia de género para manipular sentimientos es vil, es mezquino y es injusto con las mujeres que la sufren. No dice nada bueno de la causa que se pretende defender, sea la que sea. Y menos aún de sus defensores cuando utilizan estas argucias. Dice, eso sí, que no saben qué es la violencia machista. Dice que no les importa en absoluto el sufrimiento de las mujeres víctimas de esa violencia. Dice, en definitiva, que banalizan un tema tan grave como la violencia de género. 

Estamos ante una cuestión que adquiere una dimensión suficientemente  grave como para que no sea objeto de símiles que no contribuyen sino a relegarlo y relativizarlo. Una cuestión de Estado, que ha sido objeto de más de sesenta comparecencias en sede parlamentaria y que ha merecido el esfuerzo, mayor por parte de unos grupos que de otros pero colectivo en todo caso, para alcanzar un acuerdo a partir del cual las cosas empiecen a cambiar. 

Estamos ante una muestra más de la lógica patriarcal, según la cual aquello que tiene como protagonistas a las mujeres es secundario. Sabemos que ningún asesinato machista abre portadas ni informativos. Sabemos que titular "muere una mujer" en lugar de "mujer asesinada¨ demuestra la poca sensibilidad y responsabilidad que para con los asesinatos machistas tienen aún demasiados medios y periodistas. Y ahora tenemos que asistir a una nueva vuelta de tuerca en este ninguneo plagado de injusticia. Y lo más lamentable es que incluso mujeres que van por la vida y por la política dándoselas de feministas, nos llevan a ese terreno pantanoso del que luchamos por salir. Pues no, señoras y señores, la independencia no tiene nada que ver con la violencia machista. Es otra cosa. Hagan el favor de no confundir, respeten a las mujeres que la sufren y, si tienen un ratito, luchen por ellas. 

Post publicado en Tribuna Feminista el 13 de octubre de 2017

ELLAS COBRAN MENOS

De nuevo llaman mi atención los datos del INE reflejados en la Encuesta Anual de Estructura Salarial. De nuevo la brecha salarial aparece como nota destacada en el conjunto de números y estadísticas: El salario medio anual femenino es en España un 22'9% inferior al masculino. Nada nuevo en el panorama laboral, y eso es justamente lo preocupante. El Gobierno habla continuamente de recuperación, pero mira a otro lado, e incluso intenta negar la evidencia, cuando escucha en sede parlamentaria o en medios de comunicación referencias a esa discriminación laboral que, en cambio, no tiene nada de sutil. Al contrario, se trata de una diferencia salarial por razón de sexo tan contundente y tan evidente, que la alarma debería ser general y la respuesta, inmediata.

Podemos encontrar, de hecho solemos escuchar, excusas de mal pagador, como dicen en mi tierra. Pero, en el fondo del problema, subyace el más rancio machismo arraigado en nuestra sociedad, la diferenciación de roles y la estereotipación de la función social femenina. Cuestiones que mi generación creyó ilusoriamente superadas, no solo no desaparecen sino que irrumpen con una fuerza inusitada. 

Hace unas semanas pregunté al presidente de RTVE, cumpliendo con la misión de control que tenemos encomendada las personas que ejercemos como diputados en el Congreso, por la presencia de mujeres en cargos directivos en la televisión pública. En este caso, como en la administración General del Estado, o como en la autonómica o local, estamos hablando de empleo público al que, en principio, se accede por pruebas selectivas u oposiciones. Pues bien, aún así, aún tratándose de acceso por méritos objetivamente medidos, que generalmente facilitan la ecuanimidad y dificultan la diferenciación salarial por razón de sexo, encontramos discriminación, en tanto en cuanto la discrecionalidad en los nombramientos entra en escena. De otra manera no se explica que un 72'1% de las personas en cargos directivos en la Corporación sean hombres, frente a únicamente un 27'8% de mujeres. Tampoco de otra manera podríamos dar respuesta al hecho de que las mujeres solo accedieron en la radiotelevisión pública española al 34% de los complementos salariales por disponibilidad en 2016, o que ese año desplazaran a los Sanfermines - que ahora empiezan de nuevo- a 12 mujeres de una delegación de 69, mientras que a los Juegos Olímpicos de Río fueran 24 de un total de 158 profesionales, con el agravio en cuestión de visibilidad que ello comporta pero también de menor acceso a complementos salariales y dietas que implica. 

Es un ejemplo, éste, que ilustra cómo muchas veces se camufla, especialmente en el ámbito del empleo público, la brecha salarial, escondida en un marasmo de complementos salariales que sí obedecen a decisiones discrecionales y que siempre terminan afectando de manera negativa y discriminatoria a las mujeres. En el ámbito laboral privado, y mientras no se adopten medidas contundentes para evitarlo y perseguirlo, las discriminaciones suelen ser mucho menos sutiles, aunque frecuentemente adoptan forma de contrataciones a tiempo parcial, empleo temporal o menores remuneraciones en sectores feminizados, generalmente asociados al cuidado de las personas. 

Podemos nadar en la autocomplacencia, como suele hacer la ministra Fátima Báñez, podemos convencernos a nosotras mismas de que estamos saliendo del agujero que horadó la crisis económica, pero la realidad es tozuda y nos indica que no sólo las mujeres en activo cobran menos que los hombres sino que las pensionistas y jubiladas aún difieren mucho más en sus percepciones salariales en comparación con ellos. Según el Informe de Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea publicado recientemente, las mujeres pensionistas españolas cobran un 36'1% menos que los hombres en esa circunstancia, un dato que en 2008 estaba en el 33%. Y, en lo referente al acceso a las pensiones, la brecha en España es de un 26%, mientras que la media europea se sitúa en el 6'2%. 

Otros y otras, a diferencia de lo que hace -o no hace- la ministra del ramo, pensamos que hay que actuar y que debemos hacerlo con diligencia. Y proponemos el desarrollo de una legislación que actúe a favor de la igualdad salarial, un marco normativo que dignifique el empleo, derogando la reforma laboral. Y queremos permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. 

En un país en el que una de cada tres mujeres trabaja a tiempo parcial, la mayoría porque no encuentra otro empleo, un país en el que un 29% de las mujeres en edad de estar activas laboralmente no lo están y en el que solo un 4'3% de los puestos directivos lo ocupan ellas, tenemos un problema. Y la mejor manera de empezar a resolverlo es aceptando que existe, que es grave y que las soluciones que requiere son urgentes. 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y RTVE

Mucho se ha escrito, dicho, analizado y recomendado sobre el tratamiento mediático de la violencia de género. Pero a pesar de ello, los medios de comunicación y particularmente las televisiones continúan haciendo oídos sordos y siguen abordando de una manera extremadamente irresponsable esta cuestión que se debate en sede parlamentaria con la intención de alcanzar, a corto plazo, un Pacto de Estado.

La responsabilidad de los medios, de sus cargos directivos y de los y las periodistas es incuestionable, a la par que ineludible. Si, además, estamos hablando de medios públicos, la no asunción de esa responsabilidad es una desatención a la legalidad vigente.

Formo parte de la subcomisión del Congreso de los Diputados para un Pacto de Estado sobre la Violencia de Género. Llevamos cerca de 60 comparecencias y en una buena parte de ellas se ha abordado, sea de manera plena o colateral, este tema, el del papel de los medios en el abordaje y prevención de la violencia machista. Hace unos días, en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, le formulé al presidente de esa Corporación, José Antonio Sánchez, una pregunta sobre qué actuaciones se llevan a cabo para dar cumplimiento a lo que indica al respecto la Ley integral contra la violencia de género. Y, claro, le ofrecí mi parecer: que en absoluto se está cumpliendo el mandato de la ley y, lo que es peor, en algunos programas como La Mañana o en Hora Punta, de Javier Cárdenas, se vulnera esa ley, así como la Ley de Igualdad, de la que hace poco conmemoramos el décimo aniversario.

Fue en La Mañana de La Uno donde se vendió como exclusiva una entrevista al violador de Pirámides, autor confeso de al menos 140 violaciones. Una información tendenciosa, con referencia sólo al autor del delito, tratando al victimario como víctima y evitando cualquier alusión a las mujeres que agredió sexualmente. Una auténtica vergüenza. Y no fue un desliz. La violencia de género se ha tratado con alarmante frivolidad, con irresponsabilidad y con banalización en ese programa, que cuenta con tertulianos habituales que defienden falacias como la existencia extendida y sistemática de denuncias falsas. Cuando está probado que son pura anécdota y que cuando existen, se detectan y se persiguen con la pena que merecen. Las denuncias falsas no son el problema, el problema son los miles de casos, denunciados o no, que se continúan dando en nuestro país.

Y sobre el programa de Javier Cárdenas no me extenderé. Es sobradamente conocida la frivolidad, demostraciones de machismo y difusión de estereotipos sexistas en este y otros programas que ha presentado. El presidente de RTVE, por cierto, se mostró sorprendido y aseguró que no se ha enterado de que "en RTVE se fomente la imagen de la mujer como objeto sexual". Pues ese es el problema, señor Sánchez, que no se entera ni se quiere enterar. Que le da absolutamente igual el contenido de esos programas y otros que emite la primera cadena de la televisión pública estatal. Que la igualdad brilla por su ausencia en TVE, que el Plan de Igualdad interno no se cumple, que no forma adecuadamente en igualdad a sus profesionales para que no se repita día tras día ese tratamiento inadecuado en forma de opiniones, imágenes o contenidos.

Dice el profesor de periodismo y doctor en Ciencias de la Información José María Calleja que hasta que los medios pusieron la cámara en el punto de vista de las mujeres, pasaron muchos años pero que, actualmente, esos mismos medios de comunicación siguen sin tener una posición beligerante frente a la violencia de género. Posición beligerante que sí demostraron tener en un problema asimilable como fue el terrorismo etarra. Es cierto. Los medios abordan este tema como si se tratase de un problema particular y como si estuviéramos ante un simple suceso. Por eso ofrecen detalles morbosos y dan validez al testimonio de cualquiera. Por eso, cuando nos cuentan un caso, no lo contextualizan, lo narran sin molestarse en enmarcarlo en el verdadero problema que hay detrás de todos los casos de violencia de género: la desigualdad y el machismo.

Yo recuerdo el primer caso de violencia de género que tuve que cubrir en mi carrera profesional como periodista. Apenas se habían iniciado los años 90 del pasado siglo y el concepto de violencia de género no era el más usado. Entonces aún se hablaba de crímenes pasionales y se justificaba al agresor - que terminó suicidándose tras asesinar a su mujer y a su hijo- argumentando que padeció enajenación mental transitoria. Vamos, que le dio un aire, que se le cruzaron los cables, y acabó con la vida "de los que más quería" y, al darse cuenta de lo que había hecho, se quitó de en medio. Han pasado los años y, afortunadamente, hoy sabemos que esos asesinatos son calculados, premeditados y, sobre todo, que tienen un denominador común, se suicide o no el autor: se trata de violencia ejercida sobre la mujer por el hecho de ser mujer y el machismo y la desigualdad subyacen en todos los casos. También recuerdo como en aquellos años era relativamente habitual que fuentes policiales justificaran algún caso de agresión de un marido a su mujer, que terminaba en desistimiento o en retirada de la denuncia porque "algo habría hecho para que le levantara la mano".... Tal cual aunque, lógicamente, nunca reproduje - por sentido común y por honor a la verdad- semejante sentencia en mis crónicas. Un sentido común y una defensa de la víctima que en demasiadas ocasiones, aun hoy en día, encuentro a faltar en algunos compañeros y compañeras de profesión.

Pero ya es suficiente. Es hora de que ese tipo de comentarios, justificaciones y sesgos, de que ese tratamiento mediático y por ende social de la violencia de género quede del todo desterrado. No nos podemos permitir continuar así. Es urgente un pacto mediático, un compromiso serio, empezando por los medios públicos como RTVE, para que se aborde este problema como lo que es, una cuestión de Estado en cuyo combate debe implicarse toda la sociedad. Y es deber del presidente de la Corporación, en la parte que le corresponde, velar porque así sea.

RECUPEREMOS EL ESPÍRITU DE LA LEY DE IGUALDAD

En marzo de 2007 el legislativo aprobó la Ley de Igualdad y con ella dio un salto adelante en el camino hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Lo hizo de la mano, como siempre, de un gobierno socialista. En marzo de 2017, diez años después, la igualdad en España ha dado pasos hacia atrás de la mano de un gobierno del PP que da señales, un día sí y otro también, de no creer en la plena igualdad.

El balance de lo acontecido entre 2004 y 2011 arroja unos resultados incontestables. Fruto de aquellos años de apuesta por los derechos de las mujeres nacieron la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley del Matrimonio entre personas del mismo sexo y la Ley de Igualdad, de la que ahora se cumplen diez años. Aquella Ley significó una apuesta valiente y decidida por la equiparación efectiva entre mujeres y hombres. Incluía medidas que abarcaban un amplio espectro, desde temas de empleo y conciliación, educativos, de salud, medios de comunicación, hasta cuestiones relacionadas con la participación y la representación equilibrada de las mujeres en la vida pública, en la empresa y en la política, entre muchos otros ámbitos. Se trataba de una ley dotada con recursos, con sistemas de evaluación y con vocación de mirar hacia adelante y asegurar una transformación de la sociedad española sin posibilidad de vuelta atrás. 

El Partido Popular se quedó solo absteniéndose en la votación parlamentaria de la Ley de Igualdad y su entonces secretario general, Ángel Acebes, calificó la ley de "absurda y excluyente". E interpusieron un recurso ante el Tribunal Constitucional, poco después de su aprobación. Aquello ya dio una pista de lo que podía ocurrir si alguna vez gobernaban. Una advertencia de lo que ha venido ocurriendo, de facto, en los últimos años. El actual Gobierno está incumpliendo sistemáticamente la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Ha dejado de subvencionar a las pequeñas y medianas empresas para que impulsen planes de igualdad, incumple las medidas específicas que marca la ley sobre los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo en la Administración General del Estado, así como en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en las Fuerzas Armadas. Ha dejado a más de 160.000 cuidadoras familiares sin pensión digna porque les ha quitado la cotización a la Seguridad Social. 

La precarización del mercado de trabajo que ha traído de la mano la reforma laboral ha tenido y tiene como principales perjudicadas a las mujeres. Ellas firman tres de cada cuatro contratos laborales a tiempo parcial, una modalidad de contratación que ha ido creciendo en los últimos años. Y la mayoría de esas mujeres, un 61'5% según el INE, trabaja a tiempo parcial sin quererlo, es decir, lo hace porque no tiene más remedio. En el conjunto de la UE, las mujeres que se encuentran en esa tesitura son menos de la mitad de las que hay en España. En un futuro, la brecha salarial, y especialmente la brecha en las pensiones, seguirá creciendo si no le ponemos remedio, porque continuarán siendo las mujeres las que menos coticen. Todo gracias al troceo del empleo que se ha inventado Rajoy para decir, a continuación, que crea empleo.

De la conciliación, ni hablamos. Frente a casi 250.000 mujeres que han pedido la excedencia para cuidar a sus hijos e hijas, sólo lo han hecho 18.000 hombres. Continuamos, pues, siendo cuidadoras. Más aun cuando la Ley de la Dependencia se ha reducido hasta la mínima expresión, y cuando los servicios públicos, entre ellos la educación, han sido víctimas de los recortes más despiadados. 

El panorama no es halagüeño, por descontado. Podríamos continuar enumerando hachazos de la derecha española a la Ley de Igualdad, una norma ambiciosa y pionera frente al imperio del patriarcado. Ataques frontales a su línea de flotación, como  los que han venido de la mano de la LOMCE, que borra de los planes de estudio todo rastro de educación en, por y para la igualdad. Son demasiados frentes y ni el azote de la crisis ni el contexto internacional ayudan. Pero estoy convencida de que la huella de la Ley de Igualdad sigue, a pesar de los pesares, bien marcada en la sociedad española. Algo muy profundo empezó a mutar en aquel inicio de primavera de 2007. El espíritu de la Ley de Igualdad está ahí. Sólo tenemos que recuperarlo.

Este artículo forma parte del monográfico publicado por Tribuna Feminista con motivo del décimo aniversario de la Ley de Igualdad, el 22 de marzo de 2017.