VIOLENCIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

La crisis del coronavirus nos ha situado ante el espejo como sociedad. Son muchos los aspectos de nuestra manera de organizarnos que se están poniendo en cuestión. Estamos en parón y en estado shock colectivo. Nuestras rutinas diarias se han trastocado. No somos libres de salir a la calle cuando queramos. Es más, debemos permanecer en encierro domiciliario y transitar únicamente con motivo justificado. Muchas personas dejan de trabajar temporalmente o tele trabajan desde casa. Entre ellos ¿cuántos maltratadores habrá? ¿cuántas víctimas de violencia de género? Para ellas, la convivencia prolongada con su pareja aumenta preocupantemente el riesgo.

Los medios de comunicación únicamente hablan de un tema, la pandemia vírica. La última hora de la alerta sanitaria manda. Parece como si el resto de problemas hubieran quedado aparcados. Nada más lejos de la realidad. Ellas, las víctimas de violencia de género, continúan sufriendo. Y tienen que saber que continúa habiendo alguien al otro lado. Necesitan saber que, pese a que el mundo parece girar en torno a un virus desconocido al que hay que combatir, no se cierran los servicios a los que pueden acudir en busca de ayuda. Siguen disponibles servicios como el teléfono 016, donde se ha implantado el teletrabajo, las fuerzas de seguridad o los juzgados de violencia sobre la mujer. Estos últimos continúan realizando guardias y asegurando el dictado de órdenes de protección, así como cualquier medida cautelar en materia de violencia contra las mujeres y menores. Así lo establecen las nuevas directrices del Ministerio de Justicia para la prestación de servicios esenciales en juzgados y tribunales durante la vigencia del estado de alarma para la contención del COVID19.

Tardaremos más o tardaremos menos pero venceremos, unidos y unidas por supuesto, al coronavirus. Pero la violencia de género continuará, el virus del machismo letal seguirá atacando a nuestra sociedad a menos que unamos fuerzas como lo estamos haciendo contra esta terrible pandemia que nos amenaza y que se expande. Por eso decidimos hace ya más de dos años que estábamos ante una cuestión de Estado. Y, como tal, la abordamos desde los poderes públicos.

Hemos tardado muy poco en armarnos política y socialmente contra el coronavirus. Tenía que ser así para evitar que se propague descontroladamente. Una vez lo superemos, nos tendremos que sentar a reflexionar sobre los peligros que nos acechan en un mundo globalizado e interconectado, deberemos intentar que no se repita la pandemia.

Bastante más nos costó alcanzar consensos políticos sobre la amenaza real de la violencia de género, y no porque las cifras de su contagio y mortalidad fuesen precisamente insignificantes. Aunque el PP de Casado vaya ahora presumiendo de haber aprobado el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género bajo la presidencia de Rajoy, es sobradamente conocido que sólo se sentó a negociarlo en 2017, cuando ya habían perdido la mayoría absoluta, nunca antes, a pesar de que el PSOE lo pedía, haciéndose eco de las demandas del movimiento feminista, desde 2014.

Son indudablemente días aciagos, estos que estamos viviendo. Días en los que nos replanteamos muchas cosas, tanto desde el punto de vista personal como social. Le damos vueltas a todo porque esta situación nos ha otorgado algo que escasea en nuestro mundo desenfrenado: tiempo libre de algunas obligaciones y menos prisas. Puede ser una ocasión de oro para replantearnos también si queremos seguir siendo una sociedad en la que no pase semana, a veces ni siquiera un día, sin que tengamos que lamentar un nuevo asesinato. Una sociedad en la que las violencias sexuales proliferan y en la que, al amparo de la ley no escrita que ensalza la mercantilización del cuerpo de las mujeres, bajo el pretexto del mito de la libre elección, se asume como lícitos entretenimientos, también durante el confinamiento, la pornografía y la prostitución.

Probablemente haya llegado la hora de que digamos que ya no más violencias machistas. Y que nos lo creamos de veras y lo pongamos en práctica. Evidentemente no es suficiente con asumir que tenemos un gran problema, tendremos que comprometernos individual y colectivamente, tal y como estamos haciendo con el COVID19.

En estos días de reclusión doméstica, el Estado de Derecho no se paraliza, no desaparece por arte de magia, a pesar de que a los individuos se nos recomiende desaparecer de las calles. Sigue atento a las necesidades de asistencia y protección de las mujeres y menores que sufren todo tipo de violencias machistas. Pero, cada una de las personas que estamos en casa confinadas para frenar la pandemia, tenemos que estar también atentas a nuestro entorno para denunciar estas situaciones. En el último informe anual del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, hecho público esta semana, su presidenta. Ángeles Carmona, reclama “mayor implicación de familiares y entornos cercanos a la hora de denunciar y no consentir situaciones de malos tratos”. Esa implicación ayuda a ganar terreno, dice Carmona, para combatir la violencia de género y contribuye a que la víctima deje de sentirse sola y desamparada.

Nos lo debemos como sociedad pero, sobre todo, se lo debemos a ellas. Unidas y unidos venceremos al virus y también al machismo.



Artículo publicado en Tribuna Feminista el 18 de marzo de 2020

MACHISMO EN LOS ESCAÑOS

El machismo ultraderechista anda suelto por los escaños del Congreso y el Senado y se muestra irreverente, ajeno a la cortesía parlamentaria que antaño era moneda común en las dos cámaras. Llaman "presidentes" a las presidentas Meritxell Batet y Pilar Llop, en una patética escenificación de desafío rancio de macho bravío.  El “zasca” de la presidenta de la Cámara Alta contestando a un parlamentario de Vox con un rotundo "gracias, señora senadora" aún resuena, días más tarde, en las paredes del Senado. Pero en estos tiempos de impactos en redes, las praxis maleducadas y zafias se contagian a la velocidad del rayo, de manera que en la Cámara Baja fue un diputado de Ciudadanos quien le dio a escoger a Batet entre el tratamiento de "Presidenta o Presidente". 

Insisten esas ínclitas señorías ultraderechistas en el negacionismo de la violencia de género. Y lo hacen sin sonrojarse, pese a que en un mismo día, como lamentablemente ha ocurrido de manera reciente, dos hombres asesinen a sus parejas por el hecho de ser mujeres y por considerarlas carentes de derechos, de libertad, de respeto y de capacidad de decisión, como reza en su exposición de motivos la vigente Ley  de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Si alguien cree que no hay ninguna relación entre el repunte de la violencia machista y los exabruptos misóginos de algunos políticos, debe tener claro que lo único que estos consiguen es alentar a los hombres que son violentos y debilitar a las mujeres que están sufriendo maltrato. Ya es bastante duro para una víctima de violencia de género decidirse a denunciar, superar el miedo, los sentimientos de culpa, la vergüenza y las dudas sobre si las creerán o no como para, encima, escuchar a algunos de los representantes de la ciudadanía cuestionar la propia existencia de la pesadilla que están viviendo. 

El reconocimiento de una violencia específica contra las mujeres, que trasciende el ámbito privado y que se manifiesta como expresión más brutal de la desigualdad existente en la sociedad entre mujeres y hombres, se produjo con la aprobación de la ley integral en 2004. Trece años más tarde, superada la mayoría absoluta del Partido Popular, el Congreso alcanzó un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Esos consensos no pueden ni deben romperse. Está en juego la vida de demasiadas mujeres. 

Estamos ante la expresión política de una nueva cara del machismo, que siempre es suficientemente hábil como para adaptarse a los tiempos, para sobrevivir a los avances, por otra parte irrefrenables, del feminismo. Sus fuentes son la falsedad y la manipulación de datos. Apelan a las denuncias falsas aunque esté reiterada y estadísticamente probado que son sumamente anecdóticas. Pretenden defender al violento presentando a su víctima como verdugo. Y hablan de violencia doméstica con el ánimo de confundir, a sabiendas de que se refiere a un fenómeno sin el componente de género que ya tiene otro marco normativo con el que se castiga a las personas que agreden dentro del ámbito familiar.

Mientras esto ocurre, la sociedad se rebela y se organiza, en movimientos que se hacen globales, contra las agresiones machistas, exigiendo igualdad real para las mujeres, denunciando y señalando a los machistas violentos. El 8 de marzo y el 25 de noviembre, días señalados en el calendario, dan notoriedad al grito de “Basta ya” que suena todo el año, cada vez más alto y decidido. Existen organizaciones de hombres que dan un paso adelante para mostrar su rechazo a los violentos, porque la mayoría no lo son. Solo hace falta que esa mayoría haga evidente su contrariedad, como lo hacen las mujeres.

Movimientos como el "MeToo" han hecho caer como castillos de naipes el prestigio de personalidades públicas cuya verdadera cara ha quedado al descubierto. Así, Plácido Domingo ha terminado pidiendo perdón a las víctimas de sus reiterados acosos sexuales a lo largo y ancho del orbe y del tiempo. Y se ha declarado culpable en un juicio al productor Harvey Weinstein. Mujeres valientes denunciado a sus acosadores, a sus violadores, y otras muchas, y muchos, les han creído. El Ministerio de Cultura ha anunciado la cancelación de recitales del tenor español que reconoció su responsabilidad en las acusaciones de acoso sexual lanzadas contra él, actitud que contrasta con la de personajes públicos y políticos incrédulos hasta hace nada ante las denuncias de las mujeres acosadas.

Tenemos la responsabilidad política y social de responder como es debido a lo que puede y debe ser el último coletazo del machismo resistente. Debemos hacerlo con seriedad, legislando para proteger más y mejor a las víctimas y combatiendo los discursos que las ningunean y que alientan a los maltratadores. Callar no es una opción. 

Artículo publicado el 8 de marzo de 2020 en Crónica Global

ANA ORANTES SOMOS TODAS

Se acaban de cumplir veintidós años del brutal asesinato de Ana Orantes. El 17 de diciembre de 1997, su marido, del que quería divorciarse, le propinó una paliza, la dejó inconsciente, la ató a una silla, la roció con gasolina y la quemó viva en el patio de su casa, en presencia de uno de sus hijos, de 14 años. Atrás quedaban cuarenta años de malos tratos. Ana había dicho basta al decidir divorciarse. Pero hizo más, mucho más. Ana salvó a muchas otras mujeres. Y a muchísimas más las sacó del anonimato. Lo hizo al cometer la valentía de dar la cara en una televisión, en los tiempos en los que las cuotas de pantalla no estaban tan fragmentadas como ahora, así que la vio muchísima gente. Allí, en Canal Sur, contó ante media España lo que había sufrido. Ana dijo: "Estoy enterrada en vida y sólo quiero llorar". Aquello le costó la vida, pero ya nada fue igual. No quiso ser una heroína pero terminó siéndolo porque sacó del ámbito privado, del silencio y del anonimato algo que estaba pasando y que continúa ocurriendo. Fue desde ese momento cuando España entera empezó a darse cuenta de que existía la violencia hacia las mujeres y que era algo de lo que teníamos que tomar todos conciencia y parte. Y fue a raíz de ese cambio - y de las protestas que el brutal y mediático asesinato generó en las calles, lideradas por el movimiento feminista -, cuando empezaron de manera incipiente las políticas públicas para hacer frente a este problema de violencia arraigado en el machismo. 

Lo que venía siendo un suceso en las páginas de los rotativos, pasó a ser algo más, con trascendencia social y política. En 2001 el diario El País empezó a contabilizar asesinatos machistas y dos años después arrancaron las estadísticas oficiales que en este 2019 han sobrepasado ya con holgura el millar de mujeres asesinadas. Dos décadas después de Ana Orantes, la granadina sigue presente en las reivindicaciones feministas y muy especialmente en las que tienen que ver con todo tipo de violencias ejercidas contra las mujeres. Continuamos necesitando "Anas" para avanzar. El Me Too arranca a partir de las denuncias de unas mujeres que señalan a hombres conocidos e importantes como sus agresores. Las manifestaciones contra la proliferación de las violaciones en grupo se desencadenan tras los hechos y la sentencia de Pamplona. Las performances que, bajo el cántico de "Un violador en tu camino" se reproducen a lo largo y ancho del orbe, incluso en países donde escasea la democracia, se han viralizado en un mundo globalizado en el que la imagen y lo simbólico, lo son todo. 

Son, todas estas, formas de expresión del hartazgo de la mitad del mundo frente a la imposición del patriarcado y especialmente por la expresión violenta del machismo. Las mujeres decimos ¡Basta!, igual que hace dos décadas lo dijo Ana Orantes. A la vez, nos cruzamos con defensas públicas y mediáticas de violadores condenados que resultan del todo incomprensibles, como en el caso de "la Arandina". La reacción patriarcal no se hace esperar, el privilegio se resiste a torcer el brazo. Los hay que se envalentonan tanto que amenazan  en público a una árbitra de dieciséis años con violarla y partirle la cara a la salida del recinto. Todo ello, al auspicio de proclamas políticas retrógradas de la ultraderecha representada en las instituciones y sustentadora de gobiernos de derechas. 

La resistencia machista adopta diversas formas, algunas muy sutiles, que resultan más complicadas de detectar y combatir que las más explícitas y bravuconas. Ocurre cuando nos quieren hacer creer que nos pisan la cabeza por nuestro bien. Lo hacen, por ejemplo, cuando quieren sindicar a las mujeres prostituidas porque así "harán valer sus derechos", mientras los que lo defienden continúan aprovechándose de su vulnerabilidad. O cuando nos cuentan que las medias jornadas contribuyen a que llevemos mejor la doble responsabilidad que luego se nos viene encima por la falta de corresponsabilidad, para que podamos tener criaturas y cuidarlas, obviando que esa y otras precariedades laborales hacen mella en nuestros bolsillos en forma de brecha salarial y de pensiones. Tampoco va a colar que sin cuotas para acceder a puestos de dirección demostraremos por méritos propios que merecemos llegar a esas responsabilidades, porque estamos sobradamente preparadas, con mayoría femenina en muchas universidades, y la fotografía masculinizada en casi todos los ámbitos continúa siendo vergonzante. 

De  la misma manera que cuarenta años de golpes no callaron a Ana, ni las resistencias ni las milongas patriarcales nos harán callar. El machismo se transforma y se adapta a las nuevas exigencias sociales y políticas, sin dejar de lado su cara más oscura. Juega a varias bandas y ataca por diversos frentes. Mientras tanto, el espíritu de esa mujer que dio un paso adelante en nombre de todas hace veintidós años, sigue muy presente en la lucha por la igualdad, que cada día suma alianzas. Ana Orantes somos todas.


Artículo publicado en Tribuna Feminista

VIOLENCIA DE GÉNERO: EXISTE Y SE COMBATE

Uno de los principales retos que tenemos como sociedad es, sin duda alguna, la erradicación de la violencia contra las mujeres. Resulta intolerable, a la par que insufrible, la cifra de la vergüenza, que además no cesa de incrementarse. No es un problema exclusivo de España, desde luego, pero no por ello es menos grave. ¿O es que nos resignamos a las muertes por accidente de tráfico porque ocurran en todos los países? ¿Acaso normalizamos los asesinatos terroristas porque acontezcan en diferentes lugares del orbe? Y, es más, ¿denostamos la legislación que pretende prevenir, evitar o combatir esas muertes y asesinatos porque, a pesar de todo, sigan ocurriendo? Rotundamente no, a nadie se le ocurriría y, si lo verbalizara, se le tacharía de insensato.

España ha estado, y está, a la vanguardia de las políticas de igualdad. Entre ellas, las encaminadas a la lucha contra las violencias machistas. La ley de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género marcó un hito y significó un antes y un después en la percepción social y política de la violencia de género. Dejó de ser un problema del ámbito privado para ser abordado desde las políticas públicas. Tuvo que transcurrir más de una década y años de gobierno del PP en los que la ley no se dotó ni desarrolló, para que el parlamento español aprobara, en septiembre de 2017, el Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género. Y aún nueve largos meses, hasta que se produjo la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa, para que ese pacto se comenzara a implementar. Quince meses después de ese momento, de los cuales sólo diez de Gobierno socialista en plenas funciones, el Pacto de Estado está en marcha. Su desarrollo legislativo se trabajó en el Congreso de los Diputados a principios de este año y estaría plenamente vigente si en marzo no se hubieran disuelto las Cortes por la negativa de las derechas y las fuerzas independentistas a aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que además incluían un incremento de la dotación para los ayuntamientos en este concepto. 

La primera ley que se tramitó en el parlamento siendo Pedro Sánchez presidente fue la que reformaba la Ley Orgánica del Poder Judicial para formar a la judicatura y la magistratura en materias específicas de igualdad. Y un Real Decreto-Ley amplió y facilitó, a partir del verano de 2018, la acreditación de la condición de víctima, permitió compatibilizar las ayudas provenientes de diferentes ámbitos de la administración y que los menores ya no precisen el consentimiento paterno, esto es, del maltratador, para recibir la asistencia psicológica que necesitan precisamente por su culpa. La devolución a los ayuntamientos de las competencias en estas materias, que no tenían desde la promulgación de la LRSAL, ha sido otra de las medidas legislativas hecha realidad y desde prácticamente todos los ministerios se han asumido cuestiones que tienen que ver con la asistencia a las víctimas y otros aspectos. 

Más allá de legislar, este combate sin cuartel necesita del compromiso de toda la sociedad. En cuanto a las políticas públicas, no es únicamente tarea del Gobierno de España. El propio Pacto de Estado contempla medidas que son competencia de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, así como varias que competen al Poder Judicial y a otras instancias. Los medios de comunicación y la industria del audiovisual no pueden tampoco sustraerse a su cuota de responsabilidad, en tanto en cuanto agentes socializadores y transmisores de valores, a la par que de estereotipos. Y, si algo es innegable, es que sin una buena educación afectivo sexual no conseguiremos erradicar las violencias machistas, tampoco las sexuales.

Existen multitud de medidas en el acuerdo que se suscribió hace algo más de dos años en el Congreso que vinculan a la sociedad en general y a determinados sectores en particular. Y es muy importante, diría que fundamental, que cada uno asuma su cuota de responsabilidad. No es de recibo que un gobierno como el de la Generalitat de Catalunya perciba los fondos transferidos desde el Gobierno central y no dé cumplida cuenta en sede parlamentaria de a qué destina ese dinero, que es finalista. No se puede justificar de ninguna de las maneras que se resista a desplegar por el territorio catalán las Unidades de Valoración Integral Forense - de carácter pluridisciplinar y destinadas a asistir al juez en la decisión sobre medidas de protección de víctimas y menores- cuando es algo que contemplaba la ley de 2004 y que, según mandato del Pacto de Estado, deberían estar ya desplegadas por todo el territorio español. Precisamente en Catalunya están muchos de los partidos judiciales donde menos órdenes de protección se dictan. La desidia del Govern en todos los terrenos alcanza también a éste, por lo que no es de extrañar que apenas destine recursos propios, más allá de la dotación trasferida por el Gobierno, para la lucha contra la violencia de género. 

El nivel de implementación, a fecha de hoy, de un Pacto que está previsto que se desarrolle a lo largo de cinco años, es óptimo. Su dotación presupuestaria es la que se acordó y que el Partido Popular intentó escamotear en primera instancia en sus presupuestos. Sólo a través de una enmienda presentada por la oposición se consiguió incorporar. Y sería aún mayor si se hubieran podido aprobar los presupuestos de 2019. Yerran el tiro, pues, quienes señalan con dedo acusador al partido que arrastró a la derecha a ese acuerdo. Todas las administraciones deben comprometerse y cumplir con lo acordado. Dos años después de su aprobación, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha conseguido reafirmar lo que, ya en su día, logró la ley de 2004: colocar en la agenda política y en la conciencia social este problema. Y nadie, por mucho empeño que ponga, conseguirá revertir ese efecto. Ahí está el movimiento feminista para impedirlo. La lucha continúa.

Artículo publicado el 17 de octubre de 2019 en Tribuna Feminista

ALERTA VIOLETA: PELIGRO DE INVOLUCIÓN

No acaparó ni portadas ni apenas tiempo en informativos de radio y televisión, pero miles de personas nos manifestamos por las calles de las principales ciudades españolas el pasado viernes atendiendo a la llamada de Emergencia Feminista. Teñimos plazas y edificios de violeta en señal de duelo y de protesta. Lo hicimos porque nos están matando. Y porque las víctimas lo son por ser mujeres. Porque el machismo muestra con insistencia y rabia su cara más criminal. Y porque persisten las expresiones, políticas y sociales, que niegan la evidencia: que se trata de violencia de género.

Las cifras se disparan coincidiendo con la proliferación de voces empoderadas de millones de mujeres contra el patriarcado y su plasmación en lo que se ha dado en llamar cuarta ola del feminismo: Me Too, 8M... Una reacción airada del machismo, apalancada en la cultura patriarcal, que nos trae también de manera cada vez más habitual violaciones en grupo y todo tipo de agresiones sexuales catalogadas erróneamente como abusos. Todo ello amenizado por la orquesta y coro de la derecha política, mediática y social que niega la propia existencia de la violencia de género como tal.

Hace unos días, la fiscal Susana Gisbert alertaba en un acertado artículo sobre el riesgo de involución que todo esto supone. España es y ha sido pionera en legislación por la igualdad y contra la violencia de género. Lo ha sido siempre de la mano de gobiernos socialistas. La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como el Pacto de Estado aprobado por el Congreso de los Diputados en 2017 son fruto del compromiso del PSOE con una lucha que sigue necesitando de una actuación gubernamental y legislativa sin fisuras. Ese combate sin cuartel no puede permitirse ni debilidades ni veleidades. Tampoco espectáculos bochornosos como el que protagonizaron el alcalde Almeida, del PP, y el portavoz municipal de Vox, socios en el gobierno de la capital. Un insulto a las víctimas y a sus familiares ocurrido, para más obscenidad, en la concentración por una de las seis víctimas mortales que hubo la semana pasada, en el propio Madrid.

Pretenden devolver un problema que es social, el de la violencia de género, al ámbito privado, que es al que estaba relegada la violencia machista antes de la ley de 2004. Quieren que se considere estos crímenes como asesinatos comunes, sin más connotación que cualquier otro y así poder asegurar que se trata de enajenados mentales que cometen "crímenes pasionales". Pobrecitos, ellos, les dejan sus mujeres, o no se someten a sus dictados y por eso no tienen más remedio que matarlas. Ni más ni menos, eso es lo que subyace en el discurso de Vox que el resto de las derechas, PP y Ciudadanos, compran sin reparo desde el mismo momento en que pactan con ellos gobiernos municipales y autonómicos y en el instante en que, como ya están haciendo, ceden a sus postulados recortando partidas presupuestarias para igualdad, confundiendo violencia de género con violencia intrafamiliar o facilitando listados con nombres y datos de profesionales dedicados a la lucha contra la violencia de género. Eso se llama complicidad.

Con más de mil víctimas mortales contabilizadas desde 2003, muchas más de las que se cobró el terrorismo etarra en toda su existencia, es evidente que esta lucha no ha terminado. Necesitamos cuanto antes un gobierno fuerte para afianzarla e impedir cualquier retroceso. Tengámoslo muy presente el 10N.

Artículo publicado en La Hora Digital

NO QUEREMOS UN BOLSONARO EN ESPAÑA 

Hace cuatro meses que la ultraderecha venció en Andalucía. No está formalmente en el Gobierno pero manda más que los partidos que sí están, Partido Popular y Ciudadanos. Ahora les plantea, como condición para aprobar los presupuestos, que no incluyan en ellos partidas para combatir la violencia de género y atender a las víctimas. Ni para la memoria histórica. 

En el plano económico, están bajando impuestos a los que más tienen y encarecen servicios públicos. El último anuncio a este respecto, la subida del precio de las guarderías que se mantuvo congelado mientras gobernamos los socialistas.

Eso, ni más ni menos, es lo que ocurriría en toda España si suman las tres derechas, unas formaciones que han alcanzado tal punto de similitud que les hace indiferenciables. Ocurriría eso que ya está pasando en Andalucía y otras cosas similares y tan retrógradas como éstas. 

El mundo está en un proceso de involución avivado por la mentira y el odio. Sus emisores están entre nosotros, bien idenificados. Pero también en otras latitudes y tenemos ejemplos sobrados: los Bolsonaro, Trump, Putin... En Brunei vuelven a lapidar a personas homosexuales y a las adúlteras. En España, la Iglesia se empeña en impartir cursos para "curar" la homosexualidad. Y el PP quiere prohibir el aborto a no ser que sea en los casos tasados en la ley de 1985.

La única manera de frenar esa regresión es consolidar un Gobierno que en los últimos diez meses ha hecho más por las personas, que ha hecho más por España y sus gentes, que todos los que se arrogan la exclusividad de su defensa. Las banderas no pagan facturas, pero sí las pagan las subidas del SMI y de las pensiones. Y la subida de la prestación por hijo a cargo o la recuperación del subsidio para parados de 52 años.

Tenemos que escoger entre quien garantiza crecimiento y redistribuición en un país moderno y con futuro o bien un modelo que genera estancamiento, desigualdad y promete devolvernos a los tiempos del blanco y negro televisivo. El 28 de abril, en las urnas estará la respuesta.

Artículo publicado en La Hora Digital el 5 de abril de 2019

TENEMOS QUE PARAR EL VIENTO EN CONTRA

Soplan vientos de retroceso que quieren acabar con los avances en igualdad que las mujeres hemos conseguido. El empeño del movimiento feminista, secundado por la acción de Gobierno en estos últimos nueves meses, ha hecho saltar los resortes del patriarcado. Demasiada lucha como para dejarse ganar el pulso. El 8M tenemos que salir a la calle a gritar bien alto que es el tiempo de las mujeres. Y que, de aquí, no nos mueve nadie.

Al patriarcado le han saltado todas las alarmas. Se nota en las andanadas antifeministas de la derecha seguidista de la ultraderecha, y en el nerviosismo de la Iglesia. Ven que avanzamos en nuestra lucha y nos quieren parar antes de que acabemos nosotras con el constructo patriarcal de la sociedad. Siguiendo el dicho de que la mejor defensa es un buen ataque, el neoliberalismo quiere usarnos para su avance imparable. La afrenta pretende obtener dos réditos. De un lado, contener los avances en igualdad para asentar los privilegios de la mitad de la población a costa de la otra mitad. Y, a la vez, hacer negocio con ese sometimiento.

En realidad, el quid de la cuestión está en el segundo elemento. Quieren usar nuestros cuerpos para hacer negocio y para no perder un estatus adquirido a lo largo de siglos a costa de nuestro sacrificio y sometimiento. A eso, ni más ni menos, responden los intentos de regularizar la prostitución con la excusa de la libertad individual para elegir prostituirse, en contra de la oleada abolicionista que denuncia la explotación sexual de las mujeres. En la misma línea y usando el mismo falso mito, la insistencia por legalizar los vientres de alquiler. Detrás de la prostitución y de la llamada gestación subrogada hay un sustancioso negocio que se puede ir al traste si vencen los postulados que defendemos las feministas. 

En uno y otro caso observamos cómo el neoliberalismo va de la mano de determinados partidos políticos que dan cobijo y hacen bandera de los anhelos de una parte minoritaria de la sociedad para hacerlos pasar por derechos. En uno y otro tema, el dinero es el que mueve esos intereses. Lo curioso es que formaciones recién llegadas y que se presentaban como renovadoras y adalides de la higiene política sean las que luchan por conseguir y en otros casos consolidar formas de explotación de la mujer tan cercanas a la esclavitud. ¿Hay algo más retrógrado, acaso? Más curioso aún que defiendan esos postulados algunas de las formaciones que se reclaman de izquierdas, como ocurre con la apología denodada que del proxenetismo hace la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Tanto es así, que en aquella ciudad de nuevo, y van ya algunas ocasiones, ha provocado un cisma en el feminismo que se ha extendido a otros territorios.

Las resistencias se manifiestan y se materializan también en otros ámbitos. El aborto es un campo de batalla recurrente de la derecha, atizada por una Iglesia a la que más le valdría cuadrarse de verdad ante temas como los abusos sexuales y la pederastia en su seno. El líder del PP no tiene otra cosa en la que entretenerse que en darnos lecciones a las mujeres “de lo que llevamos dentro cuando estamos embarazadas” y pedirnos que tengamos hijos. Algo parecido hicieron en anteriores ocasiones y les salió mal porque inundamos las calles de violeta. Tampoco en este caso es una cuestión meramente ideológica. Interesa revertir la caída de la natalidad, tener cotizantes que nos paguen las pensiones, pero no a fuerza de políticas de conciliación, permisos parentales y medidas contra la brecha salarial que permitan compaginar trabajo y crianza, como hace el actual Gobierno. Es más rentable y barato, desde el punto de vista patriarcal, que nos dediquemos a parir y nos olvidemos de progresar laboralmente. Y a cuidar, eso también. ¿Para qué queremos una ley de Dependencia bien dotada con un incremento del 60%  si nosotras ya cuidamos? ¿Para qué impulsar la educación gratuita de cero a tres años, como pretendía Pedro Sánchez con sus Presupuestos, si ya están las mamás? ¿Para qué? Sin ese pìlar, el de los cuidados, nuestra sociedad se desmorona. La cuestión es si están bajo el amparo público o en el ámbito privado a cargo de las mujeres.

Para que nos estemos quietecitas, hay que “domesticarnos”, tenernos amedrentadas es útil. Los dictados de la moda, los cánones de belleza y todo el poso cultural en el que nos socializamos contribuyen a reproducir los estereotipos y la diferenciación de roles de los que somos rehenes. Cuesta mucho liberarse de ese corsé en el que nosotras nos llevamos seguramente la peor parte pero del que también ellos son prisioneros. Aunque la peor arma es la violencia machista en sus múltiples manifestaciones, que resulta de todo lo anteriormente citado y, a la vez, es una herramienta de conservación de esa arquitectura social contra la que luchamos desde el feminismo.

Por todo eso vale la pena luchar todos los días y teñir de lila las calles el 8 de Marzo. El próximo viernes, nuestra voz se dejará oír más fuerte que nunca.

Artículo publicado en La Hora Digital  el 5 de marzo de 2019