EL PP Y LAS MUJERES, O CÓMO RETROCEDER EN DERECHOS

En pleno estío y descanso vacacional, el PP ha decidido que ya no le hace falta disimular. Y se ha echado al monte. Lo ha hecho en muchos aspectos y lo ha perpetrado en compañía de su partido hermano - ideológicamente hablando - , esto es, de Ciudadanos. Las mujeres y nuestros derechos no nos libramos de esa nueva deriva o, para ser más, exactos, de ese ataque de sinceridad. Porque, para qué vamos a andarnos con rodeos: ni el PP ni C's han sido nunca partidos feministas, ni siquiera por aproximación. Pero mientras el PP ha estado gobernando y lo ha hecho, como en los últimos dos años, en minoría, no le ha quedado más remedio que disimular, aunque fuera a medias, y aceptar acuerdos tan importantes como el Pacto de Estado sobre violencia de género al que las y los socialistas le arrastramos literalmente.

Sabido es que la cabra tira al monte y el PP a la derecha, que es su espacio natural. Y eso es lo que ha hecho en los últimos meses, desde la oposición y con un nuevo liderazgo, más joven pero igual de conservador y tan carente de preocupación por los derechos de las mujeres como que el anterior. Así, a la primera de cambio Pablo Casado y otros y otras líderes y lideresas populares, han mostrado sus cartas machistas: En la ponencia de su Congreso, en julio pasado, consideraba el aborto como un fracaso de la sociedad. Su vicesecretaria de Estudios, Andrea Levy, manifestó el pasado miércoles que le preocupa que el aborto sea un derecho y, para terminar de arreglarlo, mienten respecto al regreso a un supuesto consenso, el de la ley de 1985, que nunca existió porque alguien votó en contra. Para ser exactos, fue la formación de la que es heredera el PP, Alianza Popular, la que no sólo votó en contra sino que recurrió aquella ley de supuestos del gobierno socialista de Felipe González ante el Tribunal Constitucional. 

Algo similar están haciendo con el Pacto de Estado sobre Violencia de Género que suscribieron con el resto de fuerzas políticas hace un año. la aprobación en la comisión de Igualdad del Congreso el 28 de julio de 2017 fue unánime y sólo Podemos se desmarcó con una abstención en la aprobación plenaria dos meses después. EL PP asintió en los dos casos. Ahora, tras casi un año de inacción, tras nueve meses en el que el Gobierno de Rajoy no ejecutó ninguna de las medidas del Pacto y aún menos desarrolló legislativamente lo que estaba obligado a hacer,  intenta desmarcarse con excusas peregrinas.

El nuevo Gobierno, presidido por Pedro Sánchez y con la vicepresidencia de Carmen Calvo que además se responsabiliza de las políticas de Igualdad, ha querido recuperar cuanto antes el tiempo perdido por el PP. Porque nos continúan matando y porque ya vamos tarde con el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado. Por eso, en el último Consejo de Ministros antes de la breve pausa vacacional, el Ejecutivo aprobó el Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. Entre otras medidas, el Real Decreto fija los criterios de distribución de la cantidad asignada en 2018 a los municipios para la asistencia a las víctimas desde la proximidad, a quienes se devuelven sus competencias; modifica la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género en diferentes aspectos con la finalidad de incrementar y mejorar la protección y asistencia a las mujeres que sufren violencia machista, así como para la acreditación de su condición de víctimas, algo estrechamente ligado al reconocimiento de sus derechos. Y no será necesaria la interposición de denuncia. También se refiere el RDL a los y las menores que sufren estas situaciones, de manera que deja de ser necesario el consentimiento de padre - en estos casos, el maltratador- y madre para su atención y asistencia psicológica, en el ejercicio de la patria potestad.


Todo ello está recogido en las 214 medidas del Pacto de Estado, aprobado, insisto y recuerdo por el PP. Y si este partido pretende romper la necesaria unidad contra la violencia machista con el argumento de que no se justifica la aprobación de un Real Decreto-Ley por la urgencia de las medidas, que se lo diga a todas y cada una de las familias destrozadas por la violencia más terrible que sufre nuestra sociedad. Lamentablemente, son ya más de 950 las víctimas mortales de la violencia machista en España desde que tenemos cifras. Muchísimas más las que día a día la están padeciendo y que necesitan una actuación decidida y sin excusas tanto de los poderes públicos como de la sociedad en su conjunto.

A esta ofensiva contra el Pacto de Estado iniciada por el partido Popular se ha sumado alguna organización de jueces, mientras que otras han salido en su defensa. En contra del argumento esgrimido por la asociación Francisco de Vitoria, de que las medidas no han sido "meditadas, debatidas y examinadas" - cuando lo fueron en sede parlamentaria durante meses y están aprobadas por el Congreso de los Diputados- otra asociación no menos representativa, Juezas y Jueces para la Democracia, acaba de publicar un comunicado en el que asegura que "no podemos afirmar la inexistencia de urgencia alguna para alcanzar la puesta en práctica de las medidas" y añade que "más bien consideramos necesarias e imprescindibles las reformas legislativas encaminadas a conseguir su efectividad".

El debate sobre las medidas del Pacto ya tuvo lugar, ahora hace falta dotarlo y ejecutarlo, que es lo que está haciendo el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Sabemos  que el PP nunca tuvo auténtica voluntad de hacer ni creyó de verdad en la necesidad de esas medidas. Lo único que se le pide es lealtad al pacto que suscribió y, sobre todo, decencia ante las mujeres que sufren día a día esta violencia injustificable. Y, respecto al aborto, menos mentiras y tengan claro que las mujeres no daremos ni un paso atrás en nuestros derechos. Ni en éste ni en ningún otro. Entre otras cosas, porque nos va la vida en ello.