RECUPEREMOS EL ESPÍRITU DE LA LEY DE IGUALDAD
En marzo de 2007 el legislativo aprobó la Ley de Igualdad y con ella dio un salto adelante en el camino hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Lo hizo de la mano, como siempre, de un gobierno socialista. En marzo de 2017, diez años después, la igualdad en España ha dado pasos hacia atrás de la mano de un gobierno del PP que da señales, un día sí y otro también, de no creer en la plena igualdad.
El balance de lo acontecido entre 2004 y 2011 arroja unos resultados incontestables. Fruto de aquellos años de apuesta por los derechos de las mujeres nacieron la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley del Matrimonio entre personas del mismo sexo y la Ley de Igualdad, de la que ahora se cumplen diez años. Aquella Ley significó una apuesta valiente y decidida por la equiparación efectiva entre mujeres y hombres. Incluía medidas que abarcaban un amplio espectro, desde temas de empleo y conciliación, educativos, de salud, medios de comunicación, hasta cuestiones relacionadas con la participación y la representación equilibrada de las mujeres en la vida pública, en la empresa y en la política, entre muchos otros ámbitos. Se trataba de una ley dotada con recursos, con sistemas de evaluación y con vocación de mirar hacia adelante y asegurar una transformación de la sociedad española sin posibilidad de vuelta atrás.
El Partido Popular se quedó solo absteniéndose en la votación parlamentaria de la Ley de Igualdad y su entonces secretario general, Ángel Acebes, calificó la ley de "absurda y excluyente". E interpusieron un recurso ante el Tribunal Constitucional, poco después de su aprobación. Aquello ya dio una pista de lo que podía ocurrir si alguna vez gobernaban. Una advertencia de lo que ha venido ocurriendo, de facto, en los últimos años. El actual Gobierno está incumpliendo sistemáticamente la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Ha dejado de subvencionar a las pequeñas y medianas empresas para que impulsen planes de igualdad, incumple las medidas específicas que marca la ley sobre los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo en la Administración General del Estado, así como en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en las Fuerzas Armadas. Ha dejado a más de 160.000 cuidadoras familiares sin pensión digna porque les ha quitado la cotización a la Seguridad Social.
La precarización del mercado de trabajo que ha traído de la mano la reforma laboral ha tenido y tiene como principales perjudicadas a las mujeres. Ellas firman tres de cada cuatro contratos laborales a tiempo parcial, una modalidad de contratación que ha ido creciendo en los últimos años. Y la mayoría de esas mujeres, un 61'5% según el INE, trabaja a tiempo parcial sin quererlo, es decir, lo hace porque no tiene más remedio. En el conjunto de la UE, las mujeres que se encuentran en esa tesitura son menos de la mitad de las que hay en España. En un futuro, la brecha salarial, y especialmente la brecha en las pensiones, seguirá creciendo si no le ponemos remedio, porque continuarán siendo las mujeres las que menos coticen. Todo gracias al troceo del empleo que se ha inventado Rajoy para decir, a continuación, que crea empleo.
De la conciliación, ni hablamos. Frente a casi 250.000 mujeres que han pedido la excedencia para cuidar a sus hijos e hijas, sólo lo han hecho 18.000 hombres. Continuamos, pues, siendo cuidadoras. Más aun cuando la Ley de la Dependencia se ha reducido hasta la mínima expresión, y cuando los servicios públicos, entre ellos la educación, han sido víctimas de los recortes más despiadados.
El panorama no es halagüeño, por descontado. Podríamos continuar enumerando hachazos de la derecha española a la Ley de Igualdad, una norma ambiciosa y pionera frente al imperio del patriarcado. Ataques frontales a su línea de flotación, como los que han venido de la mano de la LOMCE, que borra de los planes de estudio todo rastro de educación en, por y para la igualdad. Son demasiados frentes y ni el azote de la crisis ni el contexto internacional ayudan. Pero estoy convencida de que la huella de la Ley de Igualdad sigue, a pesar de los pesares, bien marcada en la sociedad española. Algo muy profundo empezó a mutar en aquel inicio de primavera de 2007. El espíritu de la Ley de Igualdad está ahí. Sólo tenemos que recuperarlo.
El balance de lo acontecido entre 2004 y 2011 arroja unos resultados incontestables. Fruto de aquellos años de apuesta por los derechos de las mujeres nacieron la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley del Matrimonio entre personas del mismo sexo y la Ley de Igualdad, de la que ahora se cumplen diez años. Aquella Ley significó una apuesta valiente y decidida por la equiparación efectiva entre mujeres y hombres. Incluía medidas que abarcaban un amplio espectro, desde temas de empleo y conciliación, educativos, de salud, medios de comunicación, hasta cuestiones relacionadas con la participación y la representación equilibrada de las mujeres en la vida pública, en la empresa y en la política, entre muchos otros ámbitos. Se trataba de una ley dotada con recursos, con sistemas de evaluación y con vocación de mirar hacia adelante y asegurar una transformación de la sociedad española sin posibilidad de vuelta atrás.
La precarización del mercado de trabajo que ha traído de la mano la reforma laboral ha tenido y tiene como principales perjudicadas a las mujeres. Ellas firman tres de cada cuatro contratos laborales a tiempo parcial, una modalidad de contratación que ha ido creciendo en los últimos años. Y la mayoría de esas mujeres, un 61'5% según el INE, trabaja a tiempo parcial sin quererlo, es decir, lo hace porque no tiene más remedio. En el conjunto de la UE, las mujeres que se encuentran en esa tesitura son menos de la mitad de las que hay en España. En un futuro, la brecha salarial, y especialmente la brecha en las pensiones, seguirá creciendo si no le ponemos remedio, porque continuarán siendo las mujeres las que menos coticen. Todo gracias al troceo del empleo que se ha inventado Rajoy para decir, a continuación, que crea empleo.
De la conciliación, ni hablamos. Frente a casi 250.000 mujeres que han pedido la excedencia para cuidar a sus hijos e hijas, sólo lo han hecho 18.000 hombres. Continuamos, pues, siendo cuidadoras. Más aun cuando la Ley de la Dependencia se ha reducido hasta la mínima expresión, y cuando los servicios públicos, entre ellos la educación, han sido víctimas de los recortes más despiadados.
El panorama no es halagüeño, por descontado. Podríamos continuar enumerando hachazos de la derecha española a la Ley de Igualdad, una norma ambiciosa y pionera frente al imperio del patriarcado. Ataques frontales a su línea de flotación, como los que han venido de la mano de la LOMCE, que borra de los planes de estudio todo rastro de educación en, por y para la igualdad. Son demasiados frentes y ni el azote de la crisis ni el contexto internacional ayudan. Pero estoy convencida de que la huella de la Ley de Igualdad sigue, a pesar de los pesares, bien marcada en la sociedad española. Algo muy profundo empezó a mutar en aquel inicio de primavera de 2007. El espíritu de la Ley de Igualdad está ahí. Sólo tenemos que recuperarlo.
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