VIOLENCIA DE GÉNERO: EXISTE Y SE COMBATE

Uno de los principales retos que tenemos como sociedad es, sin duda alguna, la erradicación de la violencia contra las mujeres. Resulta intolerable, a la par que insufrible, la cifra de la vergüenza, que además no cesa de incrementarse. No es un problema exclusivo de España, desde luego, pero no por ello es menos grave. ¿O es que nos resignamos a las muertes por accidente de tráfico porque ocurran en todos los países? ¿Acaso normalizamos los asesinatos terroristas porque acontezcan en diferentes lugares del orbe? Y, es más, ¿denostamos la legislación que pretende prevenir, evitar o combatir esas muertes y asesinatos porque, a pesar de todo, sigan ocurriendo? Rotundamente no, a nadie se le ocurriría y, si lo verbalizara, se le tacharía de insensato.

España ha estado, y está, a la vanguardia de las políticas de igualdad. Entre ellas, las encaminadas a la lucha contra las violencias machistas. La ley de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género marcó un hito y significó un antes y un después en la percepción social y política de la violencia de género. Dejó de ser un problema del ámbito privado para ser abordado desde las políticas públicas. Tuvo que transcurrir más de una década y años de gobierno del PP en los que la ley no se dotó ni desarrolló, para que el parlamento español aprobara, en septiembre de 2017, el Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género. Y aún nueve largos meses, hasta que se produjo la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa, para que ese pacto se comenzara a implementar. Quince meses después de ese momento, de los cuales sólo diez de Gobierno socialista en plenas funciones, el Pacto de Estado está en marcha. Su desarrollo legislativo se trabajó en el Congreso de los Diputados a principios de este año y estaría plenamente vigente si en marzo no se hubieran disuelto las Cortes por la negativa de las derechas y las fuerzas independentistas a aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que además incluían un incremento de la dotación para los ayuntamientos en este concepto. 

La primera ley que se tramitó en el parlamento siendo Pedro Sánchez presidente fue la que reformaba la Ley Orgánica del Poder Judicial para formar a la judicatura y la magistratura en materias específicas de igualdad. Y un Real Decreto-Ley amplió y facilitó, a partir del verano de 2018, la acreditación de la condición de víctima, permitió compatibilizar las ayudas provenientes de diferentes ámbitos de la administración y que los menores ya no precisen el consentimiento paterno, esto es, del maltratador, para recibir la asistencia psicológica que necesitan precisamente por su culpa. La devolución a los ayuntamientos de las competencias en estas materias, que no tenían desde la promulgación de la LRSAL, ha sido otra de las medidas legislativas hecha realidad y desde prácticamente todos los ministerios se han asumido cuestiones que tienen que ver con la asistencia a las víctimas y otros aspectos. 

Más allá de legislar, este combate sin cuartel necesita del compromiso de toda la sociedad. En cuanto a las políticas públicas, no es únicamente tarea del Gobierno de España. El propio Pacto de Estado contempla medidas que son competencia de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, así como varias que competen al Poder Judicial y a otras instancias. Los medios de comunicación y la industria del audiovisual no pueden tampoco sustraerse a su cuota de responsabilidad, en tanto en cuanto agentes socializadores y transmisores de valores, a la par que de estereotipos. Y, si algo es innegable, es que sin una buena educación afectivo sexual no conseguiremos erradicar las violencias machistas, tampoco las sexuales.

Existen multitud de medidas en el acuerdo que se suscribió hace algo más de dos años en el Congreso que vinculan a la sociedad en general y a determinados sectores en particular. Y es muy importante, diría que fundamental, que cada uno asuma su cuota de responsabilidad. No es de recibo que un gobierno como el de la Generalitat de Catalunya perciba los fondos transferidos desde el Gobierno central y no dé cumplida cuenta en sede parlamentaria de a qué destina ese dinero, que es finalista. No se puede justificar de ninguna de las maneras que se resista a desplegar por el territorio catalán las Unidades de Valoración Integral Forense - de carácter pluridisciplinar y destinadas a asistir al juez en la decisión sobre medidas de protección de víctimas y menores- cuando es algo que contemplaba la ley de 2004 y que, según mandato del Pacto de Estado, deberían estar ya desplegadas por todo el territorio español. Precisamente en Catalunya están muchos de los partidos judiciales donde menos órdenes de protección se dictan. La desidia del Govern en todos los terrenos alcanza también a éste, por lo que no es de extrañar que apenas destine recursos propios, más allá de la dotación trasferida por el Gobierno, para la lucha contra la violencia de género. 

El nivel de implementación, a fecha de hoy, de un Pacto que está previsto que se desarrolle a lo largo de cinco años, es óptimo. Su dotación presupuestaria es la que se acordó y que el Partido Popular intentó escamotear en primera instancia en sus presupuestos. Sólo a través de una enmienda presentada por la oposición se consiguió incorporar. Y sería aún mayor si se hubieran podido aprobar los presupuestos de 2019. Yerran el tiro, pues, quienes señalan con dedo acusador al partido que arrastró a la derecha a ese acuerdo. Todas las administraciones deben comprometerse y cumplir con lo acordado. Dos años después de su aprobación, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha conseguido reafirmar lo que, ya en su día, logró la ley de 2004: colocar en la agenda política y en la conciencia social este problema. Y nadie, por mucho empeño que ponga, conseguirá revertir ese efecto. Ahí está el movimiento feminista para impedirlo. La lucha continúa.

Artículo publicado el 17 de octubre de 2019 en Tribuna Feminista

ALERTA VIOLETA: PELIGRO DE INVOLUCIÓN

No acaparó ni portadas ni apenas tiempo en informativos de radio y televisión, pero miles de personas nos manifestamos por las calles de las principales ciudades españolas el pasado viernes atendiendo a la llamada de Emergencia Feminista. Teñimos plazas y edificios de violeta en señal de duelo y de protesta. Lo hicimos porque nos están matando. Y porque las víctimas lo son por ser mujeres. Porque el machismo muestra con insistencia y rabia su cara más criminal. Y porque persisten las expresiones, políticas y sociales, que niegan la evidencia: que se trata de violencia de género.

Las cifras se disparan coincidiendo con la proliferación de voces empoderadas de millones de mujeres contra el patriarcado y su plasmación en lo que se ha dado en llamar cuarta ola del feminismo: Me Too, 8M... Una reacción airada del machismo, apalancada en la cultura patriarcal, que nos trae también de manera cada vez más habitual violaciones en grupo y todo tipo de agresiones sexuales catalogadas erróneamente como abusos. Todo ello amenizado por la orquesta y coro de la derecha política, mediática y social que niega la propia existencia de la violencia de género como tal.

Hace unos días, la fiscal Susana Gisbert alertaba en un acertado artículo sobre el riesgo de involución que todo esto supone. España es y ha sido pionera en legislación por la igualdad y contra la violencia de género. Lo ha sido siempre de la mano de gobiernos socialistas. La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como el Pacto de Estado aprobado por el Congreso de los Diputados en 2017 son fruto del compromiso del PSOE con una lucha que sigue necesitando de una actuación gubernamental y legislativa sin fisuras. Ese combate sin cuartel no puede permitirse ni debilidades ni veleidades. Tampoco espectáculos bochornosos como el que protagonizaron el alcalde Almeida, del PP, y el portavoz municipal de Vox, socios en el gobierno de la capital. Un insulto a las víctimas y a sus familiares ocurrido, para más obscenidad, en la concentración por una de las seis víctimas mortales que hubo la semana pasada, en el propio Madrid.

Pretenden devolver un problema que es social, el de la violencia de género, al ámbito privado, que es al que estaba relegada la violencia machista antes de la ley de 2004. Quieren que se considere estos crímenes como asesinatos comunes, sin más connotación que cualquier otro y así poder asegurar que se trata de enajenados mentales que cometen "crímenes pasionales". Pobrecitos, ellos, les dejan sus mujeres, o no se someten a sus dictados y por eso no tienen más remedio que matarlas. Ni más ni menos, eso es lo que subyace en el discurso de Vox que el resto de las derechas, PP y Ciudadanos, compran sin reparo desde el mismo momento en que pactan con ellos gobiernos municipales y autonómicos y en el instante en que, como ya están haciendo, ceden a sus postulados recortando partidas presupuestarias para igualdad, confundiendo violencia de género con violencia intrafamiliar o facilitando listados con nombres y datos de profesionales dedicados a la lucha contra la violencia de género. Eso se llama complicidad.

Con más de mil víctimas mortales contabilizadas desde 2003, muchas más de las que se cobró el terrorismo etarra en toda su existencia, es evidente que esta lucha no ha terminado. Necesitamos cuanto antes un gobierno fuerte para afianzarla e impedir cualquier retroceso. Tengámoslo muy presente el 10N.

Artículo publicado en La Hora Digital

NO QUEREMOS UN BOLSONARO EN ESPAÑA 

Hace cuatro meses que la ultraderecha venció en Andalucía. No está formalmente en el Gobierno pero manda más que los partidos que sí están, Partido Popular y Ciudadanos. Ahora les plantea, como condición para aprobar los presupuestos, que no incluyan en ellos partidas para combatir la violencia de género y atender a las víctimas. Ni para la memoria histórica. 

En el plano económico, están bajando impuestos a los que más tienen y encarecen servicios públicos. El último anuncio a este respecto, la subida del precio de las guarderías que se mantuvo congelado mientras gobernamos los socialistas.

Eso, ni más ni menos, es lo que ocurriría en toda España si suman las tres derechas, unas formaciones que han alcanzado tal punto de similitud que les hace indiferenciables. Ocurriría eso que ya está pasando en Andalucía y otras cosas similares y tan retrógradas como éstas. 

El mundo está en un proceso de involución avivado por la mentira y el odio. Sus emisores están entre nosotros, bien idenificados. Pero también en otras latitudes y tenemos ejemplos sobrados: los Bolsonaro, Trump, Putin... En Brunei vuelven a lapidar a personas homosexuales y a las adúlteras. En España, la Iglesia se empeña en impartir cursos para "curar" la homosexualidad. Y el PP quiere prohibir el aborto a no ser que sea en los casos tasados en la ley de 1985.

La única manera de frenar esa regresión es consolidar un Gobierno que en los últimos diez meses ha hecho más por las personas, que ha hecho más por España y sus gentes, que todos los que se arrogan la exclusividad de su defensa. Las banderas no pagan facturas, pero sí las pagan las subidas del SMI y de las pensiones. Y la subida de la prestación por hijo a cargo o la recuperación del subsidio para parados de 52 años.

Tenemos que escoger entre quien garantiza crecimiento y redistribuición en un país moderno y con futuro o bien un modelo que genera estancamiento, desigualdad y promete devolvernos a los tiempos del blanco y negro televisivo. El 28 de abril, en las urnas estará la respuesta.

Artículo publicado en La Hora Digital el 5 de abril de 2019

TENEMOS QUE PARAR EL VIENTO EN CONTRA

Soplan vientos de retroceso que quieren acabar con los avances en igualdad que las mujeres hemos conseguido. El empeño del movimiento feminista, secundado por la acción de Gobierno en estos últimos nueves meses, ha hecho saltar los resortes del patriarcado. Demasiada lucha como para dejarse ganar el pulso. El 8M tenemos que salir a la calle a gritar bien alto que es el tiempo de las mujeres. Y que, de aquí, no nos mueve nadie.

Al patriarcado le han saltado todas las alarmas. Se nota en las andanadas antifeministas de la derecha seguidista de la ultraderecha, y en el nerviosismo de la Iglesia. Ven que avanzamos en nuestra lucha y nos quieren parar antes de que acabemos nosotras con el constructo patriarcal de la sociedad. Siguiendo el dicho de que la mejor defensa es un buen ataque, el neoliberalismo quiere usarnos para su avance imparable. La afrenta pretende obtener dos réditos. De un lado, contener los avances en igualdad para asentar los privilegios de la mitad de la población a costa de la otra mitad. Y, a la vez, hacer negocio con ese sometimiento.

En realidad, el quid de la cuestión está en el segundo elemento. Quieren usar nuestros cuerpos para hacer negocio y para no perder un estatus adquirido a lo largo de siglos a costa de nuestro sacrificio y sometimiento. A eso, ni más ni menos, responden los intentos de regularizar la prostitución con la excusa de la libertad individual para elegir prostituirse, en contra de la oleada abolicionista que denuncia la explotación sexual de las mujeres. En la misma línea y usando el mismo falso mito, la insistencia por legalizar los vientres de alquiler. Detrás de la prostitución y de la llamada gestación subrogada hay un sustancioso negocio que se puede ir al traste si vencen los postulados que defendemos las feministas. 

En uno y otro caso observamos cómo el neoliberalismo va de la mano de determinados partidos políticos que dan cobijo y hacen bandera de los anhelos de una parte minoritaria de la sociedad para hacerlos pasar por derechos. En uno y otro tema, el dinero es el que mueve esos intereses. Lo curioso es que formaciones recién llegadas y que se presentaban como renovadoras y adalides de la higiene política sean las que luchan por conseguir y en otros casos consolidar formas de explotación de la mujer tan cercanas a la esclavitud. ¿Hay algo más retrógrado, acaso? Más curioso aún que defiendan esos postulados algunas de las formaciones que se reclaman de izquierdas, como ocurre con la apología denodada que del proxenetismo hace la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Tanto es así, que en aquella ciudad de nuevo, y van ya algunas ocasiones, ha provocado un cisma en el feminismo que se ha extendido a otros territorios.

Las resistencias se manifiestan y se materializan también en otros ámbitos. El aborto es un campo de batalla recurrente de la derecha, atizada por una Iglesia a la que más le valdría cuadrarse de verdad ante temas como los abusos sexuales y la pederastia en su seno. El líder del PP no tiene otra cosa en la que entretenerse que en darnos lecciones a las mujeres “de lo que llevamos dentro cuando estamos embarazadas” y pedirnos que tengamos hijos. Algo parecido hicieron en anteriores ocasiones y les salió mal porque inundamos las calles de violeta. Tampoco en este caso es una cuestión meramente ideológica. Interesa revertir la caída de la natalidad, tener cotizantes que nos paguen las pensiones, pero no a fuerza de políticas de conciliación, permisos parentales y medidas contra la brecha salarial que permitan compaginar trabajo y crianza, como hace el actual Gobierno. Es más rentable y barato, desde el punto de vista patriarcal, que nos dediquemos a parir y nos olvidemos de progresar laboralmente. Y a cuidar, eso también. ¿Para qué queremos una ley de Dependencia bien dotada con un incremento del 60%  si nosotras ya cuidamos? ¿Para qué impulsar la educación gratuita de cero a tres años, como pretendía Pedro Sánchez con sus Presupuestos, si ya están las mamás? ¿Para qué? Sin ese pìlar, el de los cuidados, nuestra sociedad se desmorona. La cuestión es si están bajo el amparo público o en el ámbito privado a cargo de las mujeres.

Para que nos estemos quietecitas, hay que “domesticarnos”, tenernos amedrentadas es útil. Los dictados de la moda, los cánones de belleza y todo el poso cultural en el que nos socializamos contribuyen a reproducir los estereotipos y la diferenciación de roles de los que somos rehenes. Cuesta mucho liberarse de ese corsé en el que nosotras nos llevamos seguramente la peor parte pero del que también ellos son prisioneros. Aunque la peor arma es la violencia machista en sus múltiples manifestaciones, que resulta de todo lo anteriormente citado y, a la vez, es una herramienta de conservación de esa arquitectura social contra la que luchamos desde el feminismo.

Por todo eso vale la pena luchar todos los días y teñir de lila las calles el 8 de Marzo. El próximo viernes, nuestra voz se dejará oír más fuerte que nunca.

Artículo publicado en La Hora Digital  el 5 de marzo de 2019

CARTA ABIERTA A PABLO CASADO 

Señor Pablo Casado, presidente del Partido Popular,

Por la presente quiero hacerle llegar el sentir de una ciudadana comprometida con la lucha por la igualdad, a la par que representante electa en los comicios generales de junio de 2016. Como mujer, me siento interpelada cuando usted ataca nuestros derechos y libertades proponiendo involucionar hasta 1985, fecha de aprobación de la antigua ley de plazos del aborto. 

Como madre de una mujer muy joven (a la que tuve porque así lo decidí libremente) me estremezco sólo de pensar que mi hija pudiera quedarse embarazada sin desearlo y se viera privada de poder abortar, si así lo quisiera, dentro de las 14 primeras semanas de gestación como establece la ley vigente desde 2010 que ustedes ya pretendieron reformar sin éxito hace unos años. O que no pudiera decidir interrumpir su embarazo hasta la semana 22 si optara primeramente por continuar pero seguir adelante pusiera en peligro su vida o descubriera que el feto padece una grave anomalía o enfermedad. O que tuviera que hacerlo en la clandestinidad, sin garantías sanitarias ni seguridad alguna. Porque eso es lo único que consigue la prohibición del aborto, no acabar con las interrupciones del embarazo, que se continúan practicando igualmente o incluso en mayor medida, sin controles ni garantías para las mujeres. Eso es lo que pasa en todos los países que lo prohíben y lo que ocurría en éste antes de la regulación. Las personas con más recursos, no obstante, no tienen que sufrir. Pueden, si lo desean, votarle a usted con una mano para que les quite a las trabajadoras el derecho al aborto y, con la otra, comprar el billete para viajar a cualquier país extranjero para abortar ellas o sus hijas, como hacían en los lejanos años a los que nos quiere usted devolver.

Como diputada socialista, me enerva que el primer partido de la oposición se entregue en brazos de la reacción machista ante el avance del feminismo y decida seguir los pasos de la ultraderecha filofranquista gracias a la que usted gobierna en Andalucía y aspira a gobernar España entera. Ante la evidencia del avance de las políticas sociales del Gobierno de Pedro Sánchez,  dada la falta de propuestas de los conservadores para sacar adelante el país y sobradamente conocido el gran problema de su partido, atravesado mortalmente por los casos de corrupción que afloran día sí y día también, no tiene otra cosa que hacer que emprenderla con la mitad de la población. Eso y envolverse en la bandera de España, claro. 

Como feminista, no me voy a quedar quieta ni callada. No lo he hecho nunca, nací con la rebeldía en mis entrañas. Nunca me doblegué ante una sociedad que me quería sumisa y en "mi sitio", bajo los mandatos del patriarcado. Voy a defender mis derechos y los de mis hermanas con uñas y dientes, con la palabra y con los hechos, pidiendo a todas las mujeres de este país que, si no quieren volver a los nada añorados por nosotras años setenta, no les voten jamás a ustedes ni a Ciudadanos y, por supuesto, tampoco a la ultraderecha recién llegada a la representación política. 

Como mujer, no consiento que se me tome por tonta. Sus mentiras o posverdades, como está de moda llamar ahora a la tergiversación de conceptos y realidades, tienen las patas cortas. No es verdad que la actual ley del aborto incite a las mujeres a interrumpir su embarazo. Las cifras dicen exactamente lo contrario. Desde la aprobación de la actual ley, vigente desde 2010, hemos bajado en casi 20.000 abortos. Es mentira que se use el aborto cual método anticonceptivo o que haya "barra libre", como usted dice. La regulación es estricta y hay controles y garantías para determinar si hay motivo de aborto más allá de las 14 semanas. Y se informa a todas las mujeres adecuadamente, de hecho deben transcurrir tres días desde que se proporciona esa información hasta que se practica el aborto, así lo determina el artículo 14. Es importante que exista un marco legal adecuado como el actual y no lo es menos el restablecimiento, para evitar embarazos no deseados, de una adecuada educación afectivo-sexual y reproductiva que ustedes sacaron de las aulas.   

Como ciudadana, me indigna y hasta me avergüenza que la derecha de este país argumente que hay que dejar de abortar y tener más niños porque, si no, no podremos pagar las pensiones. Y aún más que lo diga tras dedicarse durante los últimos siete años - hasta que les echamos del Gobierno por corruptos- a recortar derechos de las trabajadoras. Su reforma laboral precarizó el trabajo y condenó a millones de mujeres a salarios ínfimos, jornadas parciales no deseadas y aumentó la brecha salarial. No fue la crisis, fue el PP quien hizo eso. La falta de estabilidad laboral, unida a las nulas políticas en pro de la conciliación y la corresponsabilidad, componen un cóctel perfecto para que la natalidad se sitúe bajo mínimos. 

Políticas pensadas para hacer un poco más fácil la vida de las personas, mujeres y hombres, que les permitan plantearse la paternidad y maternidad sin miedo a no poder cuidar de esos hijos por horarios infames, acciones encaminadas a fomentar el empleo digno, subida del Salario Mínimo Interprofesional, equiparación de permisos de paternidad y maternidad, leyes para combatir la brecha salarial y perseguir las desigualdades en las remuneraciones de mujeres y hombres a igual trabajo y responsabilidad, impulso a la red de escuelas públicas de cero a tres años, más recursos para la dependencia, un acuerdo para mejorar las condiciones de las y los autónomos... Todo ello, contemplado por el gobierno socialista y plasmado en los Presupuestos Generales del Estado, sí que contribuye a invertir la peligrosa curva descendente de la natalidad. Pero sus propuestas involucionistas, retrógradas y patriarcales no sirven para nada de lo que dicen perseguir. 

Por si no se acuerda, ya luchamos contra la reforma que pretendía Gallardón, que en 2014 acabó por dimitir tras tirar la toalla. Su partido también renunció a modificar la ley, excepto en lo que se refería a las menores de 18 años. Y la retiró por la oposición dentro incluso del PP y porque las encuestas mostraban el rechazo de la mayoría de la sociedad a esa propuesta. ¿Por qué, entonces, insiste usted en ello, señor Casado? ¿Sus amigos de Hazte Oír, a quienes el ministerio de Justicia acaba de revocar la declaración de utilidad pública por transfobos, le pasan factura por sus apoyos? Sea como sea, advertidas quedan todas las mujeres de este país, para que tomen buena nota cuando sean convocadas a las urnas. 

Hace cinco años, dimos la batalla política y ciudadana en defensa de nuestros derechos, cuando intentaron recortarlos. Y la seguiremos dando. El Tren de la Libertad salió el 1 de febrero de 2014 y continúa en la estación, dispuesto a arrancar cuando sea necesario.  

Artículo publicado en Tribuna Feminista el 10 de febrero de 2019

UNA, GRANDE Y MACHISTA 

Las mujeres, y también muchos hombres con conciencia igualitaria y feminista, estamos indignadas. Indignadas pero poco sorprendidas. Estamos viendo la materialización de un desastre anunciado. Sé que no consuela, pero por lo menos debería hacernos reflexionar como sociedad. Deberíamos plantearnos la verdadera importancia de ejercer el derecho y a la vez deber democrático del voto con mayor responsabilidad. Y eso va no sólo por los que lo ejercen y luego se arrepienten o reniegan de la opción elegida sino, sobre todo, por quienes se quedan en casa el día de las elecciones.

Un partido de extrema derecha obtuvo doce diputados en un parlamento autonómico, en Andalucía, el pasado 2 de diciembre. Ahí estuvo la sorpresa porque ninguna encuesta, ningún experto o experta fue capaz de vaticinarlo. Lo que está ocurriendo a consecuencia de ese resultado, era de esperar. Ese partido puede, y debe, ser acusado de muchas cosas relacionadas con su falta de cultura e intención democráticas, pero nadie de las casi 400.000 personas que le votaron puede decir que le engañaran. Cosa distinta es que algunas ya estén arrepentidas. pero lo que es incuestionable es que se presentó a las elecciones con las cartas sobre la mesa. Su programa, incluso en su versión reducida de 100 medidas, habla de derogar las leyes de igualdad y sobre violencia de género, así como de otras muchas propuestas que suponen una clara involución en los pasos hacia adelante - a veces con titubeos, cierto - dados por este país en los últimos cuarenta años, esto es, en Democracia.

Derogar el Estado de las autonomías para regresar al Estado centralizado:  "Una, Grande y Libre", ¿recuerdan? Proteger a la familia, pero no a todas las familias ni a sus diferentes versiones, sino a la tradicional, la que fundamentaba las bases del Régimen, con la mujer en casa y con la pata quebrada, familias numerosas a las que hace sesenta años se otorgaban premios y distinciones, como refleja este NODO, y más permisos de maternidad, que no de paternidad, porque la corresponsabilidad es cosa de rojos y feminazis. Pretenden, además, una tarifa plana impositiva que termine con la progresividad del IRPF y, en consecuencia, con la redistribución de la riqueza. Vamos, que contribuyan de igual manera los que cobren 15.000 euros anuales que los que ingresen 60.000 al año. Privatizar las pensiones, eliminar cualquier enseñanza relacionada con la coeducación, la ética o la educación sexual... Y, por supuesto, arremeter contra el aborto, sacarlo de la sanidad pública. Y frenar, como no, la eutanasia que el PSOE quiere aprobar, que hay que "proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural", aunque sea con sufrimiento insoportable y se trate de una vida indigna de ser llamada así.

No me estoy inventando nada, ni siquiera exagero. Hay muchas más aberraciones en el programa de ese partido que atenta contra los fundamentos de nuestra democracia y contra los derechos humanos, porque los derechos de las mujeres, de la mitad de la población española, están amenazados. No sería así si la derecha española fuera como la francesa, por ejemplo. No habrían saltado todas las alarmas si, como ocurre en otros países europeos, la sombra del fascismo hubiese topado frontalmente con un muro de solidez democrática construido al unísono por derechas e izquierdas. Lamentablemente, PP y Ciudadanos están cediendo a las presiones de ese partido ultraderechista para poder conseguir lo que ansían: el poder. Ni regeneración, ni nada de nada, solo el poder, cueste lo que cueste. 

Pero me temo que es aún peor que eso. Ese partido, su líder sin ir más lejos, se gestó en el seno de esos otros que ahora pactan con él. Y dirigentes de PP y de C's comulgan con sus esencias. Hace bien poco, el PP anunció que iba a abordar de nuevo el tema del aborto porque "no lo considera un derecho" . Tampoco hace tanto que Ciudadanos ponía en cuestión la ley sobre violencia de género y que uno de sus diputados, virtual candidato a las autonómicas en Valencia, Toni Cantó, defendía la existencia de denuncias falsas a mansalva. Por todo esto, es entendible que, pese a sus resistencias de cara a galería, les cueste poco renunciar a algo en lo que realmente o no creen o consideran meramente accesorio e insustancial. Por eso no me sorprende lo más mínimo que Moreno Bonilla esté cediendo a las pretensiones de los ultraderechistas en materia de violencia de género.

Todavía hay una oportunidad para rectificar en ese camino con renglones torcidos que han empezado en Andalucía. Aún está a tiempo la derecha española de demostrar que está a la altura de sus compañeros de grupos políticos en la UE quienes, por cierto, ya han lanzado señales de alarma ante esos posibles pactos. No soy nada optimista, por todo lo dicho y citado. Pero, desde luego, ocurra lo que ocurra en Andalucía, habrá que aprender la lección. Y decir la verdad. Y escucharla. Y actuar en consecuencia. 

Como dijo George Orwell, "en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario". Quizás ir a votar y hacerlo con responsabilidad también lo sea. 

Artículo publicado el 5 de enero de 2019 en Tribuna Feminista

TODO ATADO, PERO MAL ATADO 

El patriarcado está reactivo. Sus defensores siguen haciendo lo que siempre han hecho, imponer sus modos y criterios y echar un pulso, por decirlo finamente. Los hacen a través de sus resortes en las instituciones. Lo hacen a través de sus aliados en la judicatura, en la política, en los medios de comunicación y en la Iglesia. Todo en orden. Todo atado y bien atado. Pero, pese a sus ansias de involucionismo, el siglo XXI ha traído la afirmación del feminismo, determinado a frenarlos.

Los cinco miembros del Tribunal Superior de Justicia de Navarra han confirmado la condena a los procesados por la violación de los sanfermines, conocida para bien o para mal como La Manada. Lo han hecho sin ponerse de acuerdo entre ellos. Algo que, vista la sentencia, no es del todo malo. Si queremos ver la botella medio llena - cuestión que no está exenta de dificultades en este caso bochornoso de justicia patriarcal- tenemos que valorar la disonancia de los dos miembros del Tribunal que sí ven lo que ocurrió, esto es, una violación en toda regla. Luego, los hechos probados y la podrían haber dispuesto al resto de los jueces a pensar lo mismo que los dos que han suscrito un voto particular. pero no ha sido así, igual que ocurrió con la primera sentencia del caso, la de la Audiencia Provincial. Además, la Sala ordena que se dicte una nueva sentencia respecto al delito contra la intimidad del que fueron absueltos y, de ser así, la pena de prisión inicialmente fijada en 9 años podría agravarse. 

Cabe preguntarse qué formación y qué poso ideológico campa por las mentes de ciertos magistrados para no ver lo obvio. Pero, sea como fuere, y ya que por falta de perspectiva de género en la aplicación de la ley o por ideología intrínseca - vamos, de serie- en ciertos casos, no sólo en éste, pasa lo que pasa y tenemos sentencias como la referida, urge cambiar el Código Penal. Y urge formar a los y las jueces que abordan temas relacionados con las violencias machistas. En ambas cosas está el Gobierno. El grupo de expertos y expertas de la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia están trabajando en la reforma para sacar de la legislación española el término abuso y considerar como agresión todos los atentados contra la libertad sexual. Y, así, recuperar el delito de violación y dejar poco o nulo margen a la interpretación. En cuanto a la formación de la judicatura, sólo recordar que la primera ley que presentó el grupo socialista para su tramitación en el Congreso tras la formación del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se refería a eso.  

Ahora bien, la batalla va más allá de los tribunales. Pese a la reacción indignada de la sociedad española ante sentencias como la que vuelve a ser noticia, un partido de extrema derecha asoma la cabeza en el Parlamento andaluz. Lo hace diciendo que quiere derogar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Y casi 400.000 personas van y le votan. Eso sí, son en un 80% hombres. Quiero pensar que a esas 400.000 personas les importa la vida y la dignidad de sus hijas, de sus hermanas, de sus madres. Lo peor es que quien encabeza la lista que han votado es un juez de familia que manifestó en su día claramente su animadversión ante la citada ley y que prevaricó. ¿Habrá más jueces y fiscales, quizás algunos de violencia sobre las mujeres, o de familia, que simpaticen con esos postulados de Vox? 

En la Iglesia, ya han dicho amén al resultado de las elecciones en Andalucía. El obispo de Córdoba ha celebrado con un "espectacular" como calificativo el vuelco electoral en aquella comunidad. Más allá de si la curia debe o no pronunciarse políticamente - yo creo que cada cual a lo suyo, si no, que no se ofendan cuando los políticos opinamos sobre temas por los que se sienten especialmente aludidos- lo que ha hecho hoy Demetrio Fernández es hundir a la iglesia española aun más si cabe en el pretérito y la anacronía. Un dato: fue el mismo obispo que se negó a apartar de sus funciones pastorales a un cura condenado a varios años de cárcel por abusos sexuales contra una niña. El mismo que sentenció que "cuanto más varón sea el varón, mejor para todos en la casa" porque aporta la protección y la seguridad. Cuánto más mujer y más femenina sea la mujer, mejor para todos en casa".

Hoy me he sorprendido a mí misma desempolvando el primer libro que publiqué, hace ya quince años, "Soy mujer y pretendo trabajar". Citaba allí al jesuita Enrique Herrera Oria quien aseguraba, allá por 1941, en los primeros años del franquismo, que "el error sectario que ha habido en España en los últimos años antes del Movimiento ha sido apartar a la mujer de su futura misión de madre de familia, llevándola a los centros de educación en las mismas condiciones de los hombres". El franquista ya tiene su digno heredero. Pero la diferencia es que estamos en una democracia consolidada y que las mujeres, que sólo en una ínfima minoría apoyan estos postulados eclesiásticos, políticos o judiciales, estamos también reactivas frente a estas ofensas contra nuestra dignidad y contra nuestros derechos. Ladran, luego cabalgamos. Ah, y no es abuso, es violación.

Artículo publicado en La Hora Digital el 5 de diciembre de 2018